Escoltado por su jefe de gabinete, sus nueve ministros, el secretario legal y técnico de la Nación y Federico Sturzenegger, el autor intelectual del DNU ómnibus que será enviado  al Congreso, el flamante presidente, Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar una desregulación agresiva del comercio y los contratos entre privados. Tras un fuerte posicionamiento ideológico en contra del “colectivismo”, presentó los lineamientos del decreto inicial del shock con el que busca poner “fin al modelo de la decadencia”.

Y aunque advirtió que serán “más de trescientas” las modificaciones y derogaciones que espera que el Congreso deje pasar, se centró en enumerar treinta: la primera de ellas, la derogación de la Ley de Alquileres. Y aunque la que actualmente está vigente es la 27.737 que obliga a firmar contratos en pesos por 3 años y actualizarlos cada a lo sumo 6 meses, lo que en la práctica se ha traducido en una virtual desaparición de la oferta de viviendas del mercado de alquileres duraderos, el Decreto en el artículo 249 deroga la Ley N°27.551, su versión anterior, a la cual califica de “nefasta” en los considerandos. En este sentido, las modificaciones propuestas apuntan en el artículo 257 del Decreto a permitir que locador y locatario decidan la moneda en la que se cancela el alquiler y el índice por el que se actualiza y no da otras definiciones.

Acto seguido, el presidente enumeró las derogaciones de la Ley de Abastecimiento, de Góndolas, de Compre Nacional, del Observatorio de Precios y de la Ley de Promoción Industrial N°21.608 de Videla y Martínez de Hoz, aunque actualmente lo que rigen son sus regímenes herederos y específicos para cada región, entre los que se destaca el de Tierra del Fuego, y también la de la Ley de Promoción Comercial. Puntualmente, el de Tierra del Fuego (Ley N°19.640) que fue prorrogado este año hasra 2028 no fue especificado entre las leyes a derogar.

Puntualmente, Milei acotó que la Ley de Compre Nacional “solo beneficia a determinados actores del poder”, por eso propuso su derogación casi completa en el artículo décimo de su decreto, solo mantuvo sus artículos 22° y 23° para que sigan siendo punibles los funcionarios o terceros que hayan tergiversado los requisitos o malversados los beneficios de la norma en investigaciones judiciales en curso o futuras.

La Ley de Compre Nacional y Desarrollo de Proveedores obliga, en líneas generales, a todos los niveles de Gobierno a dar prioridad en las licitaciones de bienes, servicios, leasing o locación a las propuestas que cumplieran con el requisito de ser de origen nacional incluso si sus precios resultasen 8% superior al de una competidora no nacional o de hasta el 15% si la adjudicataria fuese una mipyme. Consultado al respecto, el referente pyme, Mauro González dijo a BAE Negocios dijo: “Me preocupa todo (el anuncio de Milei). Esto es un país para pocos y medidas que van a destruir la industria nacional y el trabajo argentino. Estas medidas generan desempleo, pobreza e inequidad”. Y

agregó: “Milei apuntó a la supuesta casta empresaria prebendaria del Estado. Son todas excusas para aplicar un ajuste sin precedentes que destruye el aparato productivo nacional, extranjeriza las tierras y disuelve a la pobreza a la clase media”.

Entre otras fuertes definiciones, Milei aseguró que “queda prohibido prohibir exportaciones”, en referencia a, las cuotas de saldos exportables que, por ejemplo, dictaminaba la antigua cartera de Agroindustria al limitar la cantidad de granos que se venden al mercado externo para asegurar el abastecimiento del alimento para el ganado en el mercado interno, en línea con los criterios de soberanía y seguridad alimentaria que establecen otros países de la OCDE.

En la teoría económica, las cuotas son incluso más disuasivas que las retenciones a la hora de exportar en blanco y promueven de igual manera el contrabando, al tiempo que desincentivan a aumentar la producción para el abastecimiento conjunto del mercado interno y externo en el mediano plazo.