El superávit financiero de junio tomó por sorpresa a los economistas en general, ya que en ese mes las cuentas públicas suelen reflejar el impacto estacional negativo derivado del pago del medio aguinaldo a más de siete millones de jubilados y pensionados, con un déficit fiscal del que ni siquiera se salvan las administraciones más eficientes.

Pero la razón de ese resultado favorable de $551.234,2 millones obedeció a la postergación del pago de una serie de obligaciones que en parte se trasladaron a julio y meses posteriores, que pasaron a engrosar una deuda flotante que alcanzó el nivel récord de $3,8 billones.

Esa deuda flotante surge de la diferencia entre el resultado devengado de la Administración Pública Nacional (APN), que ese mes arrojó un déficit financiero de $2,7 billones, y el resultado pagado, con el superávit ya consignado para todo el Sector Público No Financiero.

 

Si bien el universo considerados en los dos casos no es exactamente el mismo, sus diferencia son cada vez más exiguas, debido a la disolución de más de veinte fondos fiduciarios y a la política de reducción de los déficits en las empresas públicas.

 

Qué es la deuda flotante

 

El concepto de “deuda flotante” se refiere a los compromisos que por diferentes razones no son pagados en tiempo y forma por el Estado nacional y que no están incluidos en la deuda pública.

Dentro ellos se destacan los pagos a proveedores, las transferencias a provincias y universidades o los subsidios económicos y sociales, pero también pueden corresponder a obligaciones registradas en un mes y pagadas en otro (por ejemplo, compromisos devengados el 30 de un mes y pagados en los primeros días del siguiente).

 

A grandes rasgos, la deuda flotante es el resultado de restarle el resultado pagado al devengado, que en sentido inverso se reduce cuando el primero es superior al segundo.

 

El seguimiento que realizó al respecto la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) comprobó que esa deuda se elevó de un nivel acumulado a mayo de $1.255.087 millones a uno que trepó en junio a $3.876.629 millones, es decir un incremento en solo un mes del 208,87%.

 

El factor estacional

 

Junio y diciembre suelen ser dos meses con un importante déficit devengado de la APN, en gran medida por el pago de los aguinaldos a jubilados y pensionados y a los trabajadores del Estado.

En ese sentido, según los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto en jubilaciones y pensiones pasó de $4,1 billones en mayo a $6 billones en junio, el gasto en personal de $1,1 billón a $1,5 billón y el de pensiones no contributivas de $0,2 billón a $0,8 billón, con un aumento mensual entre los tres conceptos de $2,9 billones.

 

Por la suma de esos impactos, el déficit devengado de junio fue de $1.019.024 billón en el resultado primario y de $2.743.781 millones en el financiero, desempeños que no se reflejaron en los resultados de la etapa pagada, que fueron superavitarios respectivamente en $790.532,9 millones y $551.234,2 millones.

La deuda flotante acumulada podrá ir reduciéndose en los meses próximos, aunque por el volumen que alcanzó la tarea será difícil si se pretende continuar con resultados superavitarios en la etapa pagada, ya que por sí sola es superior a los $3.095.086,6 millones de superávit financiero del primer semestre.