La "tasa Google", una medida que podría favorecer a los países en desarrollo
Al reducirse el traslado de beneficios de las multinacionales, las economías menos avanzadas incrementarían sus ingresos fiscales, según la OCDE
Mientras la epidemia del coronavirus plantea nuevos interrogantes a la economía mundial, en la mente de numerosos economistas y líderes internacionales sigue flotando una fuente de recursos a la que posiblemente pronto echen mano: una tasa digital a aplicarse a los gigantes globales como Facebook, Google, o Amazon.
Y es que desde la comunidad internacional pocas semanas antes de que se conocieran los primeros casos de coronavirus, se ratificó el compromiso de alcanzar una solución consensuada a largo plazo para los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, algo a lo que debería arribarse para fines del año en curso, según la Declaración del Marco Inclusivo sobre las BPA publicada por la OCDE en febrero último.
Desde Francia, uno de los países más activos en este asunto, el ministro de Finanzas, Bruno le Maire, explicó en diálogo con la agencia Reuters que si no se llega a un acuerdo global sobre dónde y cuánto gravar a los gigantes digitales como Google, Amazon o Facebook, esto derivará en el surgimiento de numerosos regímenes fiscales digitales a lo largo del mundo.
A la cuestión también se refirió el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, quien especuló sobre la posibilidad de que la imposición de tales gravámenes a empresas de la principal potencia mundial desencadene aranceles de represalia por parte de este país. A la vez que subrayó la determinación de Washington de frustrar las normas fiscales previstas por Francia y España, por ejemplo, si no se llega a un acuerdo global.
“Hemos sido muy coherentes al decir que creemos que el impuesto sobre los servicios digitales es de naturaleza discriminatoria contra las empresas digitales, y específicamente contra un puñado de empresas estadounidenses”, dijo Mnuchin, en el marco de un encuentro de ministros de finanzas y representantes de los bancos centrales del G20 en Riad, Arabia Saudita, para tratar sobre la tributación digital y otros temas económicos.
Desde Estados Unidos ya tuvieron sus cruces con Francia y con España en relación con los impuestos digitales. Pero consintieron en declarar una tregua para permitir que las conversaciones multilaterales continúen y en el mejor de los casos concluyan antes de fin de año.
“En cuanto a la primera tregua, existe un amplio consenso entre los miembros del G20 sobre la necesidad de contar con un nuevo sistema tributario internacional”, dijo Le Maire. “Tenemos que abordar el tema de las empresas digitales que obtienen beneficios en muchos países sin ninguna presencia física, lo que significa sin pagar el nivel de impuestos debido”.
EstudiosUn nuevo análisis económico muestra que una solución propuesta a los retos fiscales emanados de la digitalización de la economía, sometida a negociaciones en la OCDE, tendría un importante impacto positivo sobre los ingresos tributarios globales.
El análisis sitúa el efecto combinado de la solución basada en dos pilares, actualmente en debate, en hasta 4% de los ingresos mundiales del impuesto sobre sociedades (CIT, por sus siglas en inglés), o USD100 mil millones anuales. Las ganancias en ingresos son semejantes en términos generales en las distintas economías de ingresos altos, medios y bajos, tomada como porcentaje de los ingresos del impuesto sobre sociedades.
En la Declaración del Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), que reúne a 137 países y jurisdicciones en condiciones de igualdad para la negociación multilateral de las reglas fiscales internacionales el 30 de enero último, se decidió avanzar en una negociación basada en dos pilares para solucionar los retos fiscales planteados por la digitalización.
Las principales cuestiones, de acuerdo con el texto del análisis citado por Reuters, serían dónde deberían pagarse impuestos (reglas “de nexo”) y sobre qué parte de las utilidades se fijarían los gravámenes (reglas de “atribución de beneficios”), a partir de un “Enfoque Unificado” de conformidad con el llamado Pilar Uno. El propósito es asegurarse de que las empresas multinacionales (MNE, por sus siglas en inglés) que hacen negocios en forma sostenida e importante en sitios donde probablemente no tengan presencia física puedan ser fiscalizadas en dichas jurisdicciones.
Asimismo, decidieron continuar los debates sobre el Pilar Dos, el cual apunta a resolver los temas restantes sobre erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) y velar por que las empresas internacionales paguen un nivel mínimo de impuestos.
En un análisis hecho sobre datos de más de 200 jurisdicciones y más de 27.000 multinacionales, se aprecia que la reforma del Pilar Uno -diseñada para reasignar algunos derechos de tributación a jurisdicciones de mercado, independientemente de la presencia físical- también aportaría una pequeña ganancia en los ingresos fiscales para la mayoría de las jurisdicciones. Conforme a esta perspectiva, se espera que las economías de ingresos bajos y medios obtengan relativamente más ingresos que las economías avanzadas, y los centros de inversión experimenten menos pérdida en ingresos fiscales. Más de la mitad de los beneficios reasignados provendrían de 100 grandes grupos de empresas multinacionales (MNE).
En tanto que el denominado Pilar Dos podría recaudar una cantidad importante de ingresos fiscales adicionales. Al reducir los diferenciales de la tasa fiscal entre jurisdicciones, se espera que la reforma dé paso a una reducción considerable en el traslado de beneficios por parte de las MNE. Esto será importante para las economías en desarrollo, pues estas tienden a resultar más afectadas negativamente por el traslado de los beneficios que las economías de ingresos altos.