El Gobierno dispuso la disolución del Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal Militar de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina y de la Policía Aeronáutica Nacional, por considerar que el ente ya no se encontraba operativo, es una “estructura obsoleta” y, por ende, su financiamiento implicaba “una asignación ineficiente de recursos públicos”.

La disolución del organismo se formalizó a través del decreto 437/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, en el tramo final de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para la reestructuración, fusión o cierre de diversos entes creados por ley.

Ese es el caso de este fondo de construcción de viviendas, creado por la ley 21.134, cuyo cierre se da a conocer once días antes de la finalización del plazo de la delegación de facultades, previsto para el 8 de julio.

 

Qué era el fondo disuelto

 

El fondo de construcción de viviendas para personal militar fue creado a fines de 1975 y su objeto fue “el estudio, proyecto, construcción, adquisición, equipamiento y mantenimiento de viviendas, así como la formulación de planes para la construcción o adquisición de edificios destinados a la creación de centros cívicos en aquellas localidades donde se constate su real necesidad”.

En una primera instancia, se determinó que el fondo estaría integrado por recursos asignados en el Presupuesto Nacional, donaciones, legados y contribuciones que se le hicieren y por el producido proveniente del movimiento de los capitales que posea el organismo.

 

“No cumple su función”

 

En los considerandos del decreto se fundamenta el cierre del fondo por entenderse que “no cumple con la función para la cual fue creado, en tanto el fondo que lo integra no se encuentra operativo y los destinatarios de la medida no utilizan recursos provenientes de dicho fondo, llevando adelante las tareas de equipamiento y mantenimiento de las viviendas por otras vías presupuestarias ajenas al mencionado régimen”.

“En consecuencia, el mentado Fondo genera una asignación ineficiente de recursos públicos y administrativos remanentes asociados a aquel, contraviniendo los principios de eficacia y optimización en la gestión del gasto público”, agregó el Gobierno.

 

Asimismo, se señaló que un un contexto de reducción de la intervención estatal, “resulta imperioso revisar aquellas responsabilidades y funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”.

Por tales razones, el Gobierno consideró “pertinente” la derogación de la ley 21.134, “con el fin de reducir costos administrativos innecesarios y eliminar una estructura obsoleta que ha quedado sin operatividad efectiva, en el marco de una política de racionalización de estructuras y optimización del gasto público”.