Luego de que el gobierno vetara la reforma jubilatoria impulsada por la oposición, ahora trabaja en un nuevo plan. Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, su discusión se perfila como uno de los temas centrales de la agenda política en 2025. De aprobarse, representaría un cambio estructural en el sistema jubilatorio argentino, con implicancias económicas y sociales de gran alcance. Incluso, ya confirmó que la moratoria previsional finalizará el 23 de marzo sin posibilidad de extenderse.

El gobierno de Javier Milei trabaja en una reforma previsional que podría modificar radicalmente el sistema jubilatorio argentino. La propuesta busca unificar la edad jubilatoria de hombres y mujeres en 75 años, argumentando que el sistema actual está “quebrado” y que esta medida es necesaria para evitar su colapso.

El motivo es porque el régimen previsional argentino enfrenta serios problemas financieros. Según datos oficiales, más del 90% de la recaudación fiscal proviene del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y aranceles de comercio exterior. 

Desde el oficialismo aseguran que esta reforma aliviaría las cuentas públicas y ofrecería incentivos para quienes deseen seguir trabajando más allá de la edad mínima. Las proyecciones oficiales estiman que estas medidas podrían reducir el déficit previsional en un 20% en el mediano plazo.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó en una reunión de gabinete que la reforma busca “reducir el número de jubilados” y enfocarse en aumentar la cantidad de aportantes. 

Actualmente, la edad jubilatoria en Argentina es de 65 años para hombres y 60 para mujeres. Comparado internacionalmente, esta cifra es baja: en países como España y Alemania la edad de retiro es de 67 años, mientras que en Brasil es de 65 para hombres y 62 para mujeres, y en México, de 68 años.

Sin embargo, elevarla a 75 años convertiría a Argentina en el país con la edad jubilatoria más alta del mundo. En un contexto donde la esperanza de vida promedio es de 76 años para hombres y 81 años para mujeres, la medida genera cuestionamientos.

La propuesta ya enfrenta un fuerte rechazo de sindicatos, organizaciones sociales y economistas, que advierten sobre el impacto en trabajadores de sectores con alta exigencia física, como la construcción, el comercio y la salud.

En redes sociales, algunos usuarios sospechan que la filtración de la edad de 75 años es un “globo de ensayo” para medir reacciones y luego presentar un aumento menor, como 67 o 70 años, que se perciba como una concesión del gobierno.