La sesión de Diputados de este miércoles pondrá en juego buena parte de lo logrado por el Gobierno en materia de ajuste fiscal: se debatirán los vetos al aumento de jubilaciones, a la suba del bono a $110.000, a la prórroga de la moratoria y a la emergencia en discapacidad. Además, se discutirán los proyectos de automatización de los ATN y la coparticipación de los impuestos al combustible. Entre todos esos proyectos suman un impacto para el fisco nacional de al menos 1,4% del PBI al año. El número es 0,1 punto superior a la meta de superávit primario de este año. Entre enero y julio el Gobierno consiguió un positivo de 1,1%.

La discusión sobre la rosca en Diputados y el poroteo de votos tiene como trasfondo a la política más relevante del actual Gobierno, tanto en términos de estabilización económica como distributivos: el ajuste fiscal, con un novedoso superávit divorciado del contexto del ciclo económico, como ancla de la actividad y la inflación. Los mayores ajustes se vieron por ahora en jubilaciones, durante el 2024, y en subsidios energéticos, programas sociales, salarios de estatales, obra pública con eje en la educación, la potabilización de agua, la vivienda y la energía, en lo que va del 2025.

Para el Gobierno lograr credibilidad en el uso de la herramienta fiscal para frenar a la economía y mantener a raya la dinámica de precios gracias a una baja de la capacidad de consumo de los hogares, más el beneficio de que haya pocos pesos para ir a presionar el dólar, es clave. Y esa credibilidad estará puesta en juego durante la sesión del miércoles. Por caso, los jubilados que cobran bono sufrieron una contracción del 15% real en sus haberes entre el trimestre septiembre-octubre-noviembre del 2023 y el de abril-mayo-junio del 2025, según estimaciones del CEPA. La suba del 7,2% para el ingreso vía movilidad y el incremento desde $70.000 hasta $110.000 en el bono busca reparar ese efecto distributivo.

La sostenibilidad del ajuste se pone en juego por el impacto fiscal de todos los proyectos. En primer lugar, los vetos. Los proyectos para jubilaciones tienen un impacto estimado del 0,3% del PBI solo tomando en cuenta los meses que quedan del 2025, tal como estimó la consultora Analytica. Pero, en términos anuales, el impacto de la suba del 7,2% y llevar el bono a $110.000 es del 0,8% del PBI, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). 

A eso se le sumará este miércoles el debate por la prórroga a la moratoria jubilatoria, que también según OPC tiene un impacto anual del 0,1% del PBI. Además se discutirá el veto a la emergencia en discapacidad, que según la OPC tiene un impacto anual de entre el 0,28% y el 0,51% del PBI (en el dato influye la aprobación, o no, de la suba de jubilaciones y bono; si no se rechazan esos vetos, el costo quedaría entre 0,26% y 0,46% del PBI).

Por fuera de los vetos, que precisan del 66% de los votos opositores de ambas cámaras para ser aprobados como ley ya en forma definitiva, este miércoles también se discutirán los proyectos impulsados por los gobernadores, que en 2024 sufrieron por la baja radical de las transferencias a las provincias, que este año recuperaron parcialmente.

Por un lado, la propuesta de distribución automática de los ATN según el diagrama de la coparticipación tendrá un costo anual para el fisco del 0,04% del PBI si sale el dictamen de mayoría y del 0,03% si sale el de minoría. Finalmente, la iniciativa que propone cambios para la distribución de los impuestos a los combustibles restaría ingresos por 0,18% del PBI al Tesoro nacional si sale el dictamen de mayoría y por 0,1% si sale el de minoría.