La aprobación en el Senado de la modificación en los criterios de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) permitiría que una modificación al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos no requiera de la aprobación unánime de las legislaturas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, al sentar un precedente de cambio a través de “una ley simple del Congreso”.

Esa fue la interpretación que dio a conocer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo que abriría las puertas a un cambio que iría mucho más lejos que todos los llevados a cabo durante la Presidencia de Javier Milei, con un impacto que podría ser superior a todas las medidas tomadas en el marco de la denominada “motosierra”.

“Yo digo que esto cambia todo, si se aprueba”, manifestó el funcionario en declaraciones al canal de cable LN+, en atención a que el proyecto aprobado en el Senado aún no cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados y, por ende, por el momento no cuenta con sanción definitiva del Congreso.

Sturzenegger fue más allá al señalar que “de hecho, si el presidente me consulta, yo le diría, ‘esta no la vete’”, porque representaría el precedente que, según su parecer, habilitaría a futuras modificaciones a la ley 23.548 de Coparticipación mediante “una ley simple del Congreso”.

 

Cambio en la ley de Coparticipación: cuánto dinero significaría

 

Para tener una idea aproximada del alcance que podría tener un cambio en la ley de Coparticipación, la recaudación impositiva nacional ascendió en el primer semestre a $87.014.946 millones, de los que se destinaron a las provincias $28.357.627 millones.

Con las sucesivas transferencias, las provincias pasaron a hacerse cargo de los servicios de Educación y Salud, con lo que se profundizó la asimetría entre el gasto y la recaudación.

En números gruesos, de cada cuatro pesos la Nación recauda tres y las provincias uno, pero el gasto se reparte casi en partes iguales, ya que las escuelas, los hospitales, la Justicia y las fuerzas de seguridad a cargo de las provincia y CABA son las mayores demandantes de personal.

 

Qué es una ley Convenio

 

La ley de Coparticipación Federal de Impuestos rige desde enero de 1988 y si bien desde entonces hubo un sinnúmero de iniciativas para modificarla, ninguna prosperó por tratarse de una “ley Convenio”, cuya alteración requiere no solo de una nueva ley, sino además de la adhesión de cada una de las 24 jurisdicciones subnacionales, a través de sus respectivas legislaturas.

 Tantas son las dificultades que hace más de 28 años que se incumple el mandato constitucional de sancionar una nueva ley de Coparticipación, más allá de algunos cambios específicos -todos con aprobación unánime de las jurisdicciones- como fueron en su momento el Fondo del Conurbano o la detracción del 15% para financiar la transición del sistema previsional.

Al respecto, la disposición transitoria sexta de la Constitución de 1994 estableció que “un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes  de la finalización del año 1996”, algo que no se cumplió.

 

Como un eventual cambio en la distribución de los recursos coparticipables podría implicar que algunas jurisdicciones mejoren su posición relativa a costa del perjuicio de otras, las posibilidades de un acuerdo unánime es virtualmente imposible, a no ser que sea el Estado nacional el que acceda a resignar recursos en favor de todas las provincias, una opción aún más difícil de imaginar.

No obstante, desde el 2000 está vigente una modificación por decreto que incide directamente en el reparto de todos los impuestos nacionales, por la que antes de cualquier distribución se detrae un 1,9% para el financiamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

Cuánto le toca a cada parte

 

La ley de Coparticipación estableció que del monto total recaudado se destine un 42,34% a la Nación y un 54,66% a las provincias (luego se incorporaron Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, que en 1988 no eran autónomas), más un 2% de recupero entre Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

El 1% restante constituye el fondo de ATN, que se debería destinarse a “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”, con un criterio discrecional a cargo en su momento del Ministerio del Interior y en la actualidad de la Jefatura de Gabinete.

 

El proyecto aprobado en la cámara alta determinó que esos ATN pasen a ser distribuidos conforme a los porcentajes establecidos en la distribución secundaria del régimen de Coparticipación.

Esa modificación, si bien en principio no sería conveniente para el Gobierno nacional, podría terminar siendo favorable para él, en tanto habilitaría eventuales futuros cambios al régimen sin necesidad de contar con la adhesión de todas las provincias.

 

La interpretación de Sturzenegger

 

El ministro de Desregulación se valió de esa iniciativa aprobada por el Senado para avalar posibles cambios al régimen mediante una ley simple.

En ese sentido, sostuvo que “desde la Constitución del '94, hay mucha discusión sobre si la Ley de Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la Ley de Coparticipación se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique”, indicó.

 

Sturzenegger lamentó que los porcentajes asignados a cada distrito “estaban blindados” e hizo especial referencia a Formosa, debido a que el líder del bloque de Unión por la Patria en el senado es José Mayans, representante de esa provincia.

“Si se aprueba esto… el Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Cambió todo”, aseguró, para rematar considerando que se trataría del “error político más grande” de Mayans en toda su carrera.