El Gobierno dio a conocer una serie de medidas que apuntan a un mayor control presupuestario de las universidades nacionales, en los que deja sin efecto la posibilidad de recurrir a la contratación directa en diferentes servicios, luego de comprobar un uso “irrazonable” de esa modalidad.

Asimismo, dispuso que para el resto de las operaciones deberán utilizar los mismos sistemas electrónicos que el resto de los entes y organismos del sector público, a fin de “establecer uniformidad” en la información financiera de la Administración Nacional.

Las medidas se establecieron mediante el DNU1091/2024 y los decretos 1092/2024 y 1093/2024, todos publicados hoy en el Boletín Oficial, en el marco de la disputa entre el Gobierno y las universidades en torno a la auditoría de sus gastos, por su condición de entes autónomos.

Qué modifica el DNU

El DNU modifica el Régimen de Contratación Directa de la Administración Nacional, eliminando dos apartados del artículo 25 del decreto 1023/2001, que faculta esa modalidad a las Universidades Nacionales y al ex Ministerio de Desarrollo Social (hoy absorbido por el de Capital Humano) con personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro Nacional de Efectos de Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo puntualizó el carácter de “mecanismo de excepción” de la contratación directa, pero que en base a informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se comprobó que entre 2022 y 2023 “se celebraron más de 2.000 convenios entre las jurisdicciones y entidades auditadas (ministerios, organismos, fondos fiduciarios y empresas públicas) y las Universidades Nacionales”.

“Los convenios analizados tienen objetos diversos, entre los que se encuentran servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría”, añadió, para concluir que “la utilización del procedimiento de selección por contratación directa con las Universidades Nacionales ha proliferado de manera irrazonable, lo que contradice su naturaleza excepcional”.

Esa “proliferación indiscriminada” de la contratación directa “requiere la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar la correcta aplicación de procedimientos licitatorios transparentes”, se indicó en los considerandos del DNU.

Sistemas electrónicos

En consonancia con el DNU, el Gobierno emitió otros dos decretos que apuntan a una centralización de la información de los gastos y recursos de los entes y organismos estatales, entre los a partir de ahora las universidades quedan incluidas y no podrán recurrir a sistemas electrónicos diferentes a los del resto de la Administración Nacional.

El decreto 1092 establece que las Universidades deberán utilizar, según corresponda, los sistemas de contratación electrónicos COMPR.AR y CONTRAT.AR “en todas las contrataciones de suministros de bienes” y “prestaciones de servicios”.

“La no utilización de los sistemas antes mencionados atenta contra los objetivos previstos en la Ley N° 24.156 (de Administración Financiera), en especial sobre la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos”, sentenció el Gobierno en los considerandos de la norma.

 

Sidif y e-recauda

Por su parte, el decreto 1093, si bien no hace mención explícita de las Universidades, dispone que todos los sujetos “comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias” tendrán que usar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) y el Sistema e-Recauda.

Dentro del artículo mencionado, se incluye a “todo el Sector Público Nacional”, discriminado en cuatro incisos.

Asimismo, aclaró que el Sidif “pone a disposición una serie de facilidades orientadas a producir información para la toma de decisiones que promuevan el uso adecuado de los recursos públicos, dentro de un contexto orientado a gestionar por resultados”.

Por su parte, el Sistema e-Recauda “incorpora una nueva alternativa de captación de recursos mediante transferencias electrónicas y cuenta con la información sobre los recursos de manera inmediata”.