El Gobierno anunció una serie de auditorías sobre las pensiones por invalidez, con el objetivo de verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos exigidos para mantener el cobro. Aquellos que no acrediten su condición podrían perder el acceso a esta asistencia.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se realizará una revisión exhaustiva de 1 millón de pensiones en cuatro etapas de fiscalización. Según señaló, el foco estará puesto principalmente en los beneficios otorgados durante la gestión anterior.

Adorni también reveló que se habrían detectado irregularidades en la asignación de estas pensiones, con un presunto desvío de fondos que alcanzaría los 1.000 millones de dólares solo en 2023.

 

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El Gobierno estableció un mecanismo de auditoría que implicará los siguientes pasos:

• Notificación a los beneficiarios: En febrero, cada titular recibirá una carta documento en la que se les informará la fecha y el lugar de la revisión.
• Evaluación médica obligatoria: Deberán presentarse en el turno asignado para someterse a un examen médico a cargo de profesionales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
• Análisis de la documentación: Los especialistas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) serán los responsables de evaluar cada caso y determinar si corresponde mantener el beneficio.

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Según datos relevados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una auditoría previa realizada a 1.100 beneficiarios, solo el 31,6% asistió a rendir el examen médico. El resto no cumplió con los requisitos o no se presentó a la instancia de evaluación.

"El propósito de esta revisión es garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan", afirmó Adorni, en línea con el objetivo de reorganizar el sistema y evitar posibles fraudes.

De este modo, se espera que en los próximos meses se lleven a cabo más controles, lo que podría derivar en la suspensión de pagos para aquellos beneficiarios que no cumplan con los criterios exigidos.