Radicaron la primera denuncia por la criptoestafa en Estados Unidos
Hicieron la primera denuncia colectiva en los Tribunales de Estados Unidos por el caso $Libra. Quiénes son los principales acusados
Inversores afectados en Estados Unidos por el caso $Libra hicieron la primera denuncia en los Tribunales locales, contra Hayden Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y Kip Protocol. Los denunciantes son representados por la firma Burwick Law, especializada en criptoactivos y estafas.
En el documento, los estadounidenses pidieron “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.
La denuncia excluye al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, y a los otros argentinos involucrados, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. A pesar de no haber involucrado directamente al jefe de Estado, los demandantes lo consideran un personaje decisivo en el proceso “fraudulento” del 14 de febrero, ya que la figura de Milei le dio credibilidad a la criptomoneda.
“Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presdiente de Argentina, Javier Milei”, incluyeron en el documento presentado en Estados Unidos. Su intermedicación “creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”, aseguraron.
En el documento, el estudio jurídico Burwick aseguró que tanto Davis como la firma involucrada Kelsier Ventures, hicieron uso de la imagen del presidente para captar inversores, bajo la premisa de “fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”.
Imagen de Javier Milei, tras el escándalo criptoVarias consultoras midieron las repercusiones del escándalo $Libra y concluyeron que el Gobierno enfrenta una crisis más grave de lo que pensaba. Hay una caída en la imagen del presidente Javier Milei y la mayoría cree que se “trató de una estafa”.
Según la consultora Zuban Córdoba y Asociados, 6 de cada 10 argentinos creen que se trató de una estafa y 4 de cada 10 creen que debería ser investigada por el Poder Judicial. Solo un 10% está de acuerdo con la idea de una investigación interna como propuso el gobierno.