El presidente Javier Milei firmó el decreto que declara a la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima, tal como sucedió con el Banco Nación. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y busca allanar el camino para privatizar empresas públicas. La decisión también incluye a los servicios ferroporturarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

El decreto fue adelantado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que “nada de lo que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”.

La entidad fue incluida en la lista de la Ley Bases como una de las posibles empresas a privatizar total o parcialmente. Actualmente, la participación accionaria está compuesta por el 95% en manos de la Secretaría de Energía y el 5% restante, es posesión de la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía.

Yacimiento Carbonífero de Río Turbio es la principal explotación de carbón del país y cumple una función estratégica en materia energética y económica. Está ubicado en Santa Cruz, cerca de la frontera con Chile.

Sus funciones son clave para el desarrollo argentino, ya que sus principales actividades incluyen producción de carbón mineral y generación de energía eléctrica y, en consecuencia, contribuye a la soberanía energética. A pesar de ello, el Gobierno argumentó pérdidas.

Según un informe de la Sindicatura General de la Nación, el yacimiento tuvo resultados negativos de $8.728 millones al cierre del tercer trimestre de 2024, después de haber recibido fondos nacionales por $62.565 millones en los primeros nueve meses del año pasado. 

Convertir a la entidad en sociedad anónima facilita que empresas privadas puedan tener concesión de las actividades que se desarrollan allí. Puede significar una modernización en la gestión empresarial, pero también puede ser un paso previo a una privatización parcial o total. Eso depende de las decisiones del Gobierno.

Un caso emblemático fue la transformación de YPF en una sociedad anónima durante la década de 1990. Esto permitió la privatización parcial, que luego terminó con la venta a Repsol. Fue recién en 2012 que el Estado volvió a tomar el control mayoritario de la empresa.