La CNV impulsa a los Fondos Comunes de Inversión a financiar infraestructura
La Comisión Nacional de Valores busca un mayor alcance de estos instrumentos hacia actividades ligadas a la economía real. El titular de la entidad, Adrián Cosentino, vaticinó un "enorme apalancamiento" para proyectos.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) impulsa un mayor alcance de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos, con criterios más precisos, y que pasarían a denominarse Fondos Comunes de la Inversión para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real, en la medida que la propuesta sea aprobada en consulta pública, según la resolución 891/21 publicada en el Boletín Oficial.
La CNV explicó en un comunicado que la revisión se alienta "de acuerdo con el desarrollo de la normativa y la experiencia acumulada desde la creación de esos instrumentos".
Esos vehículos financieros "tienen como objetivo traccionar recursos desde el mercado de capitales hacia sectores de la economía real, entendiéndolos como un canal natural para la captación de ahorro e inversión".
En ese sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino, consideró "fundamental" el cambio "para el desarrollo de las economías, al brindar liquidez y financiamiento a proyectos de infraestructura e inversión productiva a nivel nacional".
Cosentino evaluó que los nuevos instrumentos, "sin duda serán importantes movilizadores de recursos hacia proyectos estratégicos y a la producción", tras anticipar "la participación de variados inversores institucionales, lo que generará un enorme apalancamiento" a estos fondos.
El organismo prevé la continuidad del régimen anterior pero con una ampliación de la canasta de inversiones, de modo que los Fondos Comunes de Inversión podrán destinar sus recursos a activos tales como obligaciones negociables y títulos públicos para financiar proyectos de inversión específicos, valores fiduciarios emitidos por fideicomisos solidarios, y bonos sociales, verdes y sustentables.
También valores emitidos por productos de inversión colectiva inmobiliarios, de infraestructura pública, para el fomento del desarrollo productivo, de las economías regionales y del capital emprendedor.
La Comisión Nacional de Valores aclaró que se fijan límites, expresados en porcentajes de las carteras, para las inversiones que no identifiquen de forma precisa un destino único centrado en infraestructura o economía real.
De acuerdo a la propuesta, el 75% como mínimo deberá estar invertido en "Activos Elegibles", de los cuales sólo el 40% podrán ser "multidestino", es decir, que no estén destinados exclusivamente a la actividad productiva en cuestión.
Al mismo tiempo, la CNV busca que de esta última porción, las Obligaciones Negociables no podrán superar el 25%, los títulos de deuda pública el 30% y cuotapartes en Fondos de Inversión Cerrados el 10%.
La ampliación de los activos elegibles permitirá además que la industria de Fondos Comunes de Inversión desarrolle una mayor especialización en el diseño de las carteras, y planificar fondos sectoriales (energéticos, inmobiliarios, hidrocarburíferos, de infraestructura pública, entre otros), "de modo que respondan a necesidades de financiamiento de determinadas economías regionales o problemáticas comunes a diferentes zonas del país".
La nueva morfología de los fondos de infraestructura "posibilitará potenciar la demanda de toda una serie de nuevos productos de inversión colectiva directamente vinculados con la economía real, que CNV aprobó en los últimos meses", añadió el comunicado.
La consulta pública estará vigente por un plazo de 15 días hábiles para que el sector e interesados en general puedan formular aportes que construyan la norma definitiva, según indicó la Comisión Nacional de Valores.
La canalización de los Fondos Comunes de Inversión hacia proyectos productivos y de infraestructura es un viejo debate en el ámbito de los negocios, en un país que necesita financiamiento para la producción y obras públicas. Y esta decisión de la CNV apunta en ese sentido.
Es una modalidad que se utiliza habitualmente en Estados Unidos y varios países de Europa, donde el ahorro de la población se orienta hacia la actividad productiva y proyectos de infraestructura.