Un colectivo de 750 tenedores de bonos contingentes convertibles (conocidos como CoCos en la jerga financiera) de Credit Suisse preparan una presentación conjunta con el objetivo de recuperar los casi 16.000 millones de euros en inversión que dicen haber perdido de la noche a la mañana, luego de que las autoridades financieras suizas decidieran el pasado 19 de marzo llevar su valor a cero con el objetivo de fortalecer la liquidez del banco para proteger los depósitos de los clientes antes de la venta a UBS.

Esta orden de depreciación de los bonos AT1 (de capital adicional nivel 1, por sus siglas en inglés) supone la mayor pérdida de la historia que se ha dado en el mercado de bonos.

El primer paso de la estrategia judicial para defender su inversión pasa por actuar contra la Finma, y es también el más urgente, ya que los bonistas solo tienen un plazo de 30 días desde la orden de la autoridad financiera de amortizar la totalidad de los bonos e impugnar ante los tribunales suizos.

Por tanto, los recursos deberán llegar a los juzgados helvéticos antes del 19 de abril. El reclamo se basará en la violación de los derechos de la propiedad y ejercicio arbitrario de la discrecionalidad, según publica elEconomista.es.

 

Vías legales

Entre los grandes afectados se destacan gestoras de activos como el estadounidense Pimco, que perdió más de 315 millones de euros; Invesco con una posición similar o BlackRock con 100 millones de euros.

Dentro del territorio suizo, los grandes estudios de abogados expertos en la materia evalúan otras alternativas. La primera sería una demanda directa contra Credit Suisse por la presunta falsedad de la información financiera que transmitía, pero también analizan una segunda acción por no comunicar al mercado la verdadera situación que atravesaba.

Según apuntan fuentes jurídicas, Credit Suisse sabía desde el día 15 de marzo (un día antes de la amortización de los bonos) que el Gobierno suizo le estaba presionando para aceptar un acuerdo de compra por parte de UBS.

Por su parte, el Parlamento suizo convocó para el 12 de abril una asamblea extraordinaria sobre la caída de Credit Suisse, a la que los abogados piden prestar atención por si surgen nuevos argumentos que den lugar a acciones.

Otra vía de reclamaciones sería en virtud de los tratados bilaterales de inversión, alegando una expropiación, una violación de la protección de la inversión extranjera y también del trato justo y equitativo. No obstante, no todos los tenedores de bonos tienen opción para recurrir a esta vía, ya que Suiza no tiene acuerdos de Tratados Bilaterales de Inversión con todos los países. Entre las jurisdicciones con las que sí mantiene este tipo de acuerdos están Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar.

 

Más alternativas

Por tanto, solo podrían exigir el cumplimiento de estos tratados bilaterales de inversión aquellos inversores cuyos bonos estuvieran en manos de entidades constituidas en estas jurisdicciones.

Finalmente, la tercera vía que los bufetes están poniendo a los afectados encima de la mesa son las reclamaciones en EEUU, aunque los demandantes tendrán que demostrar un nexo suficiente con el país norteamericano. Los expertos jurídicos señalan que los demandantes suelen acudir a EEUU en busca de reparación, la posibilidad de presentar un recurso colectivo es una ventaja y, además, se evitan los problemas de jugar en el fuero interno de Suiza. De hecho, también apuntan a que se podría demandar a Suiza en EEUU por expropiación, aunque matizan que este tipo de acciones presentarían retos, ya que las actuaciones contra Suiza o contra la autoridad del mercado financiero del país helvético deberían encajar en una exención de la ley de inmunidades soberanas extranjeras. 

El Gobierno suizo anunció el pasado 19 de marzo un decreto de emergencia para poder llevar a cabo la fusión de Credit Suisse y UBS. Esta norma permitió la operación sin la necesidad de que los accionistas la aprobaran; permitió al Banco Central de Suiza inyectar 100.000 millones de euros de liquidez a la entidad para poder continuar con su actividad de cara a los clientes y dio cobertura legal a la decisión de la FINMA de amortizar los bonos AT1.