El Gobierno español aprobó una amplia reforma para la digitalización de la actividad judicial, permitiendo que se celebren de forma mayoritaria los actos judiciales y juicios de forma telemática en vez de presencial, a la vez que regulará el teletrabajo para los empleados del poder judicial.

El Ejecutivo a cargo de Pedro Sánchez concreta así dos de las tres leyes relacionadas con el poder judicial que quedaron pendientes de la anterior legislatura: la ley de eficiencia digital y la de eficiencia procesal.

Las nuevas medidas se articulan en dos bloques. El primero tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo está orientado a mejorar la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.

En el primer bloque se impulsa el uso de medios electrónicos, por vía de la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por videoconferencia o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, y pedir cita previa para ser atendida.

También se impulsa el Expediente Judicial Electrónico, que incluye todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas y grabaciones audiovisuales que forman parte de cada procedimiento judicial. 

Entre las medidas destinadas a la eficiencia procesal, se generalizan en el ámbito penal las videoconferencias para los actos procesales. En lo contencioso-administrativo, se da a los juzgados herramientas para agilizar trámites y resolución de pleitos. Y, en lo civil y laboral, se incorpora el "procedimiento testigo", para que en casos idénticos, se resuelva uno de ellos y su conclusión se aplicará al resto.