Nueve ex altos directivos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han acusado al secretario de Sanidad, Robert Kennedy Jr., de "poner en peligro" la salud de los estadounidenses. Esta acusación se produce tras el cese de la directora Susan Monarez y la sustitución de expertos en comisiones de salud por personas no cualificadas. Según un artículo de opinión publicado en 'The New York Times', los exdirectivos critican los despidos masivos y los recortes en investigación, lo que consideran una amenaza para la salud pública.

Entre los firmantes del artículo se encuentran figuras destacadas como Anne Schuchat, Richard Besser, William Foege, Tom Frieden, David Satcher, Jeffrey Koplan, Mandy Cohen, William Roper y Rochelle Walensky. Estos exdirectivos, que han servido en distintas administraciones, tanto republicanas como demócratas, expresan su preocupación por la manipulación de datos y la implementación de políticas que no reflejan la realidad científica. La situación ha llevado a la dimisión de varios altos cargos de los CDC, incluyendo al responsable del programa de vacunas, Demetre Daskalakis.

La controversia se intensifica con las declaraciones de Daskalakis, quien en su carta de renuncia afirmó que la agencia sanitaria está siendo utilizada para generar políticas perjudiciales para la salud pública. Además, el reciente cambio en el calendario de vacunación de adultos y niños ha sido señalado como una amenaza para la vida de los estadounidenses más jóvenes y las personas embarazadas. La directora médica de los CDC, Debra Houry, y el responsable de enfermedades infecciosas, Daniel Jernigan, también han acusado a Kennedy de "instrumentalizar" la agencia.

Robert Kennedy Jr. ha sido criticado por sus vínculos con teorías de conspiración que relacionan las vacunas con el autismo. En junio, despidió a 17 expertos de la comisión sobre vacunas de los CDC, alegando un supuesto "conflicto de intereses". Estos expertos, que incluían pediatras, epidemiólogos e inmunólogos, no tenían vinculaciones políticas. La situación ha generado alarma entre los exdirectivos, quienes consideran inaceptable la manipulación de datos para fines políticos y advierten sobre las consecuencias para la salud pública.

Con información de Europa Press