Abogados y expertos legales han cuestionado la base legal y ética de las restricciones e imposiciones que el Gobierno británico impondrá a los viajeros que lleguen al país a partir del lunes 15.

La nueva actuación incluye diez días de confinamiento obligatorio, en un hotel aprobado por las autoridades, a los viajeros que procedan o hayan visitado recientemente Sudamérica, Portugal y Sudáfrica, entre otros destinos internacionales.

Se exigirán también dos pruebas de diagnóstico de Covid-19 al segundo y octavo día de su llegada a Inglaterra, además del resultado negativo que ha de presentar antes de emprender el viaje.

El incumplimiento de las nuevas normas se penalizará con multas de hasta 10.000 libras e incluso 10 años en prisión, según confirmó el ministro de Salud, Matt Hancock.

"Vamos a ser duros con la gente que proporcione información falsa en el formulario de la localización del pasajero; el que mienta y trate de ocultar que estuvo en un país de la lista roja diez días antes de su llegada afrontará una sentencia de hasta 10 años en prisión", declaró el ministro en el Parlamento.

Viajeros procedentes de la treintena de países incluidos en la "lista roja" gubernamental deberán aceptar el "paquete" de confinamiento anticovid, a un coste total por persona de 1.750 libras (cerca de 2.000 euros).

Expertos legales consideran que la estrategia del Gobierno de Boris Johnson carece de una base firme legal y ética.

Adam Wagner, abogado especializado en Derechos Humanos, advierte en una cadena de tuits que la normativa internacional en Salud prohíbe cobrar a un viajero la factura por "cualquier examen médico" ni por guardar una cuarentena que se requiera en el Estado al que ha llegado.

"El Reino Unido suscribió las Regulaciones Internacionales de Salud de 2005. Estas por tanto crean obligaciones vinculantes internacionales para el Reino Unido", escribe el también profesor de Derecho en la facultad Goldsmith, de la Universidad de Londres.

Joshua Rozenberg, veterano analista de casos y cuestiones de jurisprudencia, considera "improbable que se castigue" a los que se salten las reglas de aislamiento con "algo cercano a los diez años en prisión que amenaza el Gobierno".

"Algunos abogados sugieren incluso que es posible que ni siquiera podrán ser procesados", argumenta en su blog.

Hancock no ha detallado la legislación sobre la que pretende apuntalar los severos castigos de su última cruzada para contener el avance de nuevas variantes de Coronavirus, incluidas las cepas detectadas en Brasil y Sudáfrica.

"Estamos protegiendo nuestras defensas contra este virus con medidas vitales a fin de proteger el progreso que nos ha costado tanto esfuerzo lograr", afirmó el ministro.

El Gobierno escocés aplicará la orden de cuarentena en un hotel homologado a los viajeros procedentes de cualquier destino internacional y establecerá un "fondo de asistencia" para los que no puedan cubrir los gastos previstos.

Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson defendió su más limitada actuación en el control fronterizo en prevención de importaciones de diferentes cepas del Coronavirus como una "política moderada" y "proporcionada".

Fuente: Sputnik