El Gobierno mexicano instó a un tribunal de apelaciones estadounidense a reabrir una demanda de 10.000 millones de dólares contra fabricantes de armas de Estados Unidos, por supuestamente facilitar el tráfico dearmamento a los cárteles de la droga a través de la frontera con México.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos en Boston cuestionó si un juez de primera instancia concluyó erróneamente que una ley estadounidense impedía a México demandar a Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co y otros.

"Lo que queremos es una orden judicial para que estos demandados empiecen a prestar atención a sus sistemas de distribución", dijo Steve Shadowen, abogado de México. "Y sólo los tribunales estadounidenses pueden proporcionar esa medida cautelar", remarcó.

La Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), mencionada por el juez anterior, ofrece a la industria de las armas de fuego una amplia protección frente a demandas por el uso indebido de sus productos.

Pero los abogados de México argumentaron que la ley sólo prohíbe las demandas por lesiones que se producen en Estados Unidos, y no protegería a los siete fabricantes y un distribuidor a quienes demandaron por la responsabilidad sobre el presunto tráfico de armas a los delincuentes mexicanos.

Steve dijo que permitir que su caso proceda en los tribunales estadounidenses permitiría México no sólo solicitar una indemnización por daños y perjuicios, sino también una orden judicial destinada a combatir las 20.000 muertes anuales según él estarían ligadas a las acciones de estas empresas.

El gobierno mexicano dice que más de 500.000 armas son traficadas anualmente de Estados Unidos al país latinoamericano, de las cuales más del 68% son fabricadas por las empresas que demandó, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc.

Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson, argumentó que la demanda de México no tenía argumentos que probaran que las ventas de armas de los propios fabricantes pudieran crear una excepción a las amplias protecciones de la PLCAA.

"Hay fabricantes con permiso que venden a distribuidores con permiso que venden a minoristas con permiso que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos", explicó.

El juez de circuito estadounidense William Kayatta señaló que, aunque México no había alegado que los fabricantes de armas hubieran violado directamente ninguna ley de armas, una de sus principales teorías jurídicas era que habían ayudado e instigado a otros a traficar con armas en el extranjero, creando una responsabilidad potencial. "¿Qué hay de malo en ello?", preguntó.

Se espera una sentencia en los próximos meses. Mientras, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, informó en una videoconferencia que esperan que la Corte de Apelaciones se demore entre seis y ocho meses en analizar los argumentos y tomar una decisión.