El Ministerio de Sanidad español dispuso que las Comunidades Autónomas que tengan municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 de más de 500 por 100.000 habitantes estarán obligadas a restringir las entradas y salidas de personas, así como alimitar las reuniones a seis personas y cerrar los parques infantiles para evitar aglomeraciones, lo que afectaría inicialmente a unos cinco millones de personas que viven en Madrid y sus alrededores.

Ante este escenario, la Comunidad de Madrid (gobernada por el opositor Partido Popular) considera que las medidas contra el coronavirus impulsadas por el Gobierno central en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no tienen validez jurídica y asegura que no está obligada a acatarlas.

El documento especifica que éstas medidas son de cumplimiento obligatorio para los municipios que además de la incidencia acumulada cumplan los otros dos requisitos: la ocupación de las UCI superior al 35% y una tasa de PCR positivas de más del 10%, condiciones que sólo se cumplen en su totalidad en una decena de barrios de la capital española.

Las comunidades autónomas con municipios que cumplan los umbrales señalados estarán obligadas a reforzar sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad.

Además de las medidas señaladas, también los territorios afectados deberán limitar la asistencia en lugares de culto a un tercio y a velatorios y funerales a un máximo de 15 personas. En los locales comerciales, el máximo será del 50% y la hora de cierre no podrá superar las 22.00 horas, mientras que en los de hostelería la hora de cierre será las 23.00.

Cada comunidad autónoma afectada y el Ministerio de Sanidad, que encabeza Salvador Fernández Illa, "revisarán semanalmente de manera conjunta la situación epidemiológica de los municipios a los que se aplique la Declaración de Actuaciones Coordinadas" y se valorará la modificación del ámbito de aplicación de las medidas "siempre y cuando se observe una reducción suficiente de la incidencia acumulada en los términos establecidos en esta y teniendo en cuenta también los factores de corrección que pudieran afectarla".

Desde el Ministerio decidieron no extender la obligatoriedad a  municipios de menos de 100.000 habitantes, pero sí recomendaron a las autonomías que tengan ciudades con altas incidencias que pongan en marcha planes de actuación para contener el avance del virus. En estos momentos hay otras 16 ciudades de más de 40.000 habitantes con altas tasas de incidencia.