Las autoridades israelíes aprobaron los planes para construir un "Silicon Valley" en la Jerusalén ocupada, según informaron medios locales. 

El proyecto de USD600 millones asigna 250.000 metros cuadrados a "inmuebles para empresas de alta tecnología", así como otros 100.000 metros cuadrados divididos entre "centros comerciales y hoteles", y se encuadra en el plan general del "Centro de la Ciudad de Jerusalén Oriental", aprobado por el comité de planificación y zonificación de la ocupación israelí en abril. En el plan se prevén nuevas carreteras y un ferrocarril y se construirá un parque de colonos cerca del Valle de Kedron, al sur de la ciudad.

Las autoridades israelíes han entregado notificaciones de desalojo a docenas de instalaciones y tiendas palestinas, dándoles hasta el 30 de diciembre para que se vayan antes de que se lleven a cabo las demoliciones. Los palestinos locales advirtieron que el proyecto aislará aún más sus barrios en Jerusalén, alterando el paisaje de la ciudad y borrando el carácter árabe histórico de sus mercados y distritos comerciales.

Mientras que Israel afirma que el proyecto servirá a los palestinos y mejorará sus condiciones, la Autoridad Palestina rechazó la iniciativa asegurando que es parte de los planes de Israel para judaizar la ciudad y allanar el camino para que los colonos ilegales se apoderen de las tierras y negocios palestinos.

El gobierno israelí ha aprobado más de 12.150 asentamientos este año. Esta cifra representaría el número más elevado de autorizaciones anuales por parte de Israel, desde 2012.

El relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino, Michael Lynk, dijo al respecto que "si bien Israel abandonó sus planes para la anexión de jure de los asentamientos en agosto, su anexión de facto del territorio palestino continúa a través de este implacable crecimiento de los asentamientos".

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha pronunciado repetidamente sobre los asentamientos israelíes, por lo menos en seis ocasiones desde el año 1979, afirmando que son una "flagrante violación del derecho internacional" y que "no tienen validez jurídica".