Allá por 2018, California aprobó una ley única en el mundo: que los cerdos destinados al consumo pudieran tener espacio en el corral para pararse, tumbarse y hasta para dar una vuelta. ¿El objetivo? Que la carne de cerdo viniera de animales que recibieron un trato "lo más humano posible". La salida de esa ley no hizo más que comenzar una batalla entre productores y jueces que solo se resolvió con una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos cinco años más tarde: el trato "humano" de los cerdos es obligatorio para los productores de carne. 

El problema central radicaba en que la prohibición no solo afectaba a California, sino a los demás estados que vendían carne de cerdo en ese territorio. La ley de 2018 no solo restringía a los productores californianos, sino que también le reducía el mercado a quienes comercializaban allí, aún cuando en su estado de origen no tenían esa ley vigente. 

El temor no es solo de los productores: muchos consumidores temen quedarse sin carne de cerdo por la medida, ya que la ley puede dejar a California prácticamente sin suministro de ese alimento. Aunque las organizaciones de bienestar animal presionaron durante años por un tratamiento más humano de los animales de granja, las reglas de California podrían ser un caso único en el que los consumidores pagan un precio por sus creencias.

La decisión final salió después de un aguerrido 5-4 entre los jueces de la Corte Suprema, que votaron fuera de sus habituales bloques conservador-liberal. Ni siquiera la mayoría tuvo un acuerdo completo, reveló el Washington Post. 

“Si bien la Constitución aborda muchos temas importantes, el tipo de chuletas de cerdo que los comerciantes de California pueden vender no está en esa lista”, dijo el juez Neil Gorsuch, escribiendo para la mayoría.

La carne debe provenir de cerdos nacidos en condiciones "humanas"

En el centro de la cuestión está la Proposición 12, una ley de California que prohíbe la venta de carne de cerdo, sin importar dónde se produzca, en el estado, a menos que el cerdo en cuestión haya nacido de una cerda alojada con 2,2 metros cuadrados de espacio y en condiciones que le permitan moverse libremente. Según la ley, que todavía no entró en vigor, cada venta de carne de cerdo cubierta en California que no cumpla con dichos estándares se considera un delito punible con una multa de mil dólares o una sentencia de prisión de 180 días.

El caso planteó dudas no solo sobre el tema de la crueldad animal, sino también sobre si un estado podría regular la producción de carne de cerdo de otro estado e imponer miles de dólares en cargos a los criadores de cerdos. Si bien el estado dijo que la ley era necesaria para que los californianos no se sintieran cómplices de la crueldad animal, los productores de carne de cerdo dijeron que la ley gravaría el comercio interestatal en violación de la Constitución.

El juez John G. Roberts Jr., por ejemplo, insistió en devolver la ley a un tribunal menor para poder trabajar con más información. Según él, debido al tamaño del mercado de California, los productores de carne de cerdo no tendrán más remedio que cumplir con las reglas de California, que en palabras de Gorsuch prohíben confinar a los cerdos reproductores en “establos tan pequeños que no pueden acostarse, pararse o darse la vuelta”. Las reglas podrían aumentar los costos en más del 9% para lo que se describe como una industria de USD 20.000 millones, escribió Roberts.

Los productores dijeron a los jueces que los costos masivos asociados con la ley recaen casi exclusivamente en los que están fuera del estado. En todo el país, 65.000 granjeros crían 125 millones de cerdos al año.

El suministro de carne de cerdo, en riesgo

California representa el 13% del consumo de carne de cerdo del país, pero cría pocos cerdos. Los restaurantes y tiendas de comestibles de ese estado consumen alrededor de 115 millones de kilos de carne de cerdo al mes, pero sus granjas producen solo 20 millones de kilos, según Rabobank, una compañía global de servicios financieros para la agricultura y la alimentación.

Para Gorsuch, sin embargo, los productores estaban presentando interpretaciones "agresivas" y "ambiciosas" de una doctrina legal conocida como la Cláusula de Comercio latente, que prohíbe las leyes estatales que son intencionalmente discriminatorias contra el comercio interestatal.

“Estamos muy preocupados por los posibles impactos en la oferta y, por lo tanto, los aumentos de costos”, afirmó Matt Sutton, director de políticas públicas de la Asociación de Restaurantes de California, a Los Angeles Times.