Mañana vence el plazo para que las empresas prestadoras de servicios especializados en México se registren ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como parte de la reforma en materia de 'outsourcing' —o tercerización— que eliminará los esquemas de subcontratación.

La medida busca que la mayoría de los trabajadores de una empresa realmente cuenten con los derechos que les corresponden y que solamente se subcontrate a aquellos que realizan obras ajenas a la actividad principal del empleador, informó el sitio RTenespañol.

Las autoridades mexicanas prevén que entre 125.000 y 130.000 firmas ingresen a este registro gubernamental, luego de que el Congreso aprobara una prórroga de un mes para la entrada en vigencia de la norma.

En las últimas semanas, diariamente un promedio de 3.000 empresas iniciaron su trámite, pero no todas lo completaron, algunas porque tienen problemas técnicos para ingresar al sistema, y otras porque tienen deudas con el fisco o el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las multas por el incumplimiento de las nuevas normas legales ascienden hasta los 250.000 dólares. Hasta el momento, se sancionó a 25 empresas que violaron las reglas de la subcontratación con un monto total aproximado de 827.000 dólares. Las autoridades estiman que la cifra aumentaría en las próximas semanas.

Por esta razón, el sector empresarial pidió a los legisladores que el plazo para cumplir el trámite se amplíe nuevamente hasta enero de 2022, fecha en la que el sector público tiene para eliminar la figura de subcontratación de trabajadores. De lo contrario, las empresas podrán recurrir a amparos para evitar sanciones a corto plazo.

"Las noticias que tenemos en la Secretaria del Trabajo es que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, no están estudiando una ampliación más", manifestó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

"E insisto, más de 100.000 empresas han iniciado el registro en el Repse [Registro de Prestadores de Servicios], esto indica que los empresarios en México no están dando una batalla judicial contra la ley, sino están colaborando activamente para cumplir con ella", añadió.

Se estima que en México hay unos cinco millones de personas, equivalentes al 25 % del total de los trabajadores que cotizan en el seguro social, trabajando en esquemas de tercerización.