La ciudad brasileña de Ouro Preto (MG) presentó una demanda en Estados Unidos, en su nombre y en representación de otros seis municipios del estado de Minas Gerais, contra los bancos Merrill Lynch, Barclays Capital, Citibank y JP Morgan.

Según informa la Agencia Brasil, la demanda acusa a las entidades de haber financiado emprendimientos riesgosos por parte de Vale, minera involucrada en las tragedias ocurridas en Brumadinho el 25 de enero de 2019, en la que 270 personas perdieron la vida en la avalancha de residuos liberados en el derrumbe de una estructura de Vale, y en Mariana el 5 de noviembre de 2015, con la ruptura de la estructura de Samarco, empresa minera cuyos accionistas son Vale y BHP Billiton.

En el episodio, 19 personas perdieron la vida y poblaciones de decenas de ciudades de la cuenca del Río Doce fueron impactadas, sin que los bancos mostraran preocupación por el daño causado a las comunidades. "Vale no tenía los recursos financieros para perpetuar su estrategia sistémica de diezmar el medio ambiente dentro de los límites municipales", dice la acción.

Pero además, los bancos son identificados como importantes inversores en la empresa minera, por lo que no sólo se beneficiarían de los intereses de los préstamos, sino también por el aumento del valor de las acciones de Vale. Sumado a este hecho, la financiación no sólo se habría mantenido sino que aumento después de las tragedias.

Según la ciudad de Ouro Preto, los bancos no pueden afirmar que desconocían los riesgos de los proyectos y tenían el poder de forzar un cambio de comportamiento en Vale, pero no hicieron nada y continuaron concediendo préstamos incondicionalmente. 

El caso se lleva adelante ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el que el bufete Milberg representa no sólo a la alcaldía de Ouro Preto sino también a las alcaldías de Barão de Cocais, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima y São Gonçalo do Rio Baixo.

La presentación judicial revela que, en los últimos años,  debieron cerrarse varias presas inseguras en tanto que algunas de las poblaciones que viven en las zonas circundantes debieron ser evacuadas. Las consecuencias económicas de esta situación se traducen en gastos adicionales para los municipios debido a la necesidad de apoyar a los afectados, caída en el valor de las propiedades y aumentos del gasto en salud, seguridad pública y otros servicios sociales.

También se mencionan los daños al patrimonio físico y cultural, al medio ambiente y a la calidad de vida y los daños soportados por los residentes. El municipio afirma que la presión sobre la población genera un costo físico, financiero y emocional.

La eliminación de las presas construidas aguas arriba se ha vuelto obligatoria. Vale, como la mayoría de las empresas mineras, aún no ha cumplido plenamente la legislación, lo que la llevó a firmar un acuerdo para pagar 251 millones de reales (50,2 millones de dólares) por el incumplimiento.