El conflicto entre la Casa Blanca y los estados gobernados por demócratas se profundizó tras la decisión de Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en distintas ciudades. Illinois presentó una demanda federal para impedir el envío de efectivos a Chicago y sumó su voz al bloque de estados que acusan al presidente de impulsar una política de militarización interna.

La presentación judicial sostiene que "estos avances en la guerra declarada desde hace tiempo por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos". El gobernador demócrata JB Pritzker confirmó que la audiencia sobre el caso se realizará el jueves y advirtió que el mandatario "está utilizando a nuestros militares como accesorios políticos y como peones en su esfuerzo ilegal por militarizar las ciudades de nuestra nación".

Pritzker calificó la exigencia de desplegar tropas dentro del territorio estatal como "absolutamente indignante y antiestadounidense" y recordó que ningún gobernador puede ser forzado a aceptar operaciones militares en su jurisdicción.

Las imágenes de agentes federales de inmigración armados realizando detenciones en zonas emblemáticas de Chicago alimentaron el temor entre la población local, especialmente en barrios de mayoría latina.

El enfrentamiento político se replicó en Oregón, donde la jueza de distrito Karin Immergut denegó en dos ocasiones la solicitud de desplegar la Guardia Nacional en Portland. Ante la resistencia judicial, Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para proteger edificios federales y garantizar la continuidad de las operaciones.

Apenas unas horas después del primer fallo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó la movilización de efectivos desde California y Texas hacia Illinois y Oregón. El gobernador texano, Greg Abbott, publicó una foto en la red X mostrando a las tropas abordando un avión y escribió: "La élite de la Guardia Nacional de Texas. Siempre lista. Desplegándose ahora mismo".

En una audiencia telefónica de emergencia, Immergut expresó su preocupación por lo que consideró un intento deliberado del gobierno federal de eludir sus decisiones: "Me preocupa mucho saber que ahora se está enviando a Oregón a la Guardia Nacional de California y Texas, lo que parece contravenir directamente mi orden".

La magistrada afirmó que los movimientos ordenados por la administración Trump vulneran la ley federal y la Décima Enmienda, que garantiza la soberanía de los estados frente a la intervención del poder central.

En paralelo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra Trump y varias agencias federales, acusándolas de impulsar una campaña de violencia e intimidación contra manifestantes pacíficos.