La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela anunció que evaluará un posible adelantamiento de las elecciones al Parlamento, único órgano controlado por la oposición y que el gobierno considera en desacato.

El presidente del organismo supraconstitucional, Diosdado Cabello, expresó: "voy a proponer una comisión (à) para evaluar de acuerdo a la ley, a la Constitución, a la situación política de nuestro país, con consultas a todos los organismos, al pueblo, a la calle, cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones", dijo Cabello sobre los comicios que están previstos para el 2020.

El líder opositor y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el pasado domingo que la Constituyente buscaba disolver el Parlamento o adelantar las legislativas.

"¿Para qué disolverlo?", cuestionó Cabello que aseguró que actualmente el Parlamento "está eliminado ya. Nadie le para, eso no funciona". "¿Ellos no quieren elecciones? Aquí va a haber elecciones, prontico, más prontico de lo que ustedes creen", aseguró.

Por otro lado la Constituyente levantó la inmunidad a los diputados opositores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán por apoyar un fallido levantamiento militar liderado por Juan Guaidó el 30 de abril.

Los diputados opositores son acusados de "haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes del odio".

Una veintena de diputados han sido despojados de su inmunidad y han terminado refugiados en sedes diplomáticas, exiliados o en la clandestinidad.

“Aquí va a haber elecciones más prontico de lo que ustedes creen”, dijo Cabello

Maduro había advertido la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado las sanciones de Estados Unidos.

La oposición ganó en diciembre de 2015 una mayoría calificada en el Parlamento para un período de cinco años, pero al poco tiempo de asumir funciones el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, declaró al legislativo en desacato y sus decisiones son consideradas nulas.

El enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno de Maduro llegó a su pico con la jura de Guaidó como presidente encargado, en enero pasado, por considerar fraudulenta la elección que en 2018 le dio un segundo mandato al líder socialista.

Guaidó es reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, que ha impuesto varias sanciones al gobierno de Maduro, la última llegando incluso a un bloqueo económico.