Desde los primeros minutos de este miércoles, cientos de jueces y magistrados de México se unieron a la histórica huelga que protagonizan los trabajadores del Poder Judicial en rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida busca frenar una propuesta que, según los huelguistas, pone en riesgo la independencia del sistema judicial del país.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed), ofreció un encendido discurso al iniciar el paro. "Nos encontramos en un punto de inflexión. Una reforma judicial promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de derecho", subrayó durante el acto masivo frente al Consejo de la Judicatura Federal.

En su intervención, Fuentes Velázquez calificó la reforma judicial como un intento de concentración del poder en una sola persona, señalando que esto representa un peligro para la independencia judicial y un golpe mortal a la democracia. La funcionaria advirtió que, de aprobarse, esta reforma judicial permitiría que jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos a través del voto popular, lo cual debilitaría gravemente la imparcialidad del Poder Judicial.

La reforma judicial también fue criticada por su potencial de convertir a la justicia en un instrumento de opresión, según medios locales. Fuentes Velázquez señaló que la reforma busca centralizar el poder, poniendo en riesgo la independencia judicial y, por ende, el bienestar de la sociedad. "Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria", alertó.

El paro de los trabajadores del Poder Judicial, que comenzó el lunes, ya cuenta con la participación de más de 50.000 miembros en todo el país, incluyendo jueces de instancias superiores, en protesta contra la reforma judicial. Este proyecto, considerado el último gran esfuerzo legislativo de López Obrador antes de finalizar su mandato, modificaría profundamente el sistema judicial al introducir elecciones abiertas para la designación de los altos cargos del Poder Judicial.