Cinco países de la OTAN planean crear una nueva y "mortífera cortina de hierro", colocando millones de minas terrestres cerca de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia para protegerse de un posible ataque.

Así lo informó el diario británico The Telegraph, que puntualiza que los países son Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia y Polonia, que dejaron de formar parte de la Convención de Ottawa de 1997, que prohíbe el uso de minas terrestres antipersona. Según publica RTenespañol, estos mismos estados dejarían de formar parte de las Naciones Unidas en los próximos días, por lo cual tendrían las “manos libres” para producir, almacenar y desplegar este tipo de municiones antes de que termine el año.

Los altos mandos militares estudian en qué zonas de bosques y lagos de la parte oriental de Europa serán ubicados estos explosivos. Lituania es el país que se encuentra en la posición más delicada, debido a que debería proteger dos fronteras sensibles, una con Bielorrusia al este y otra con el enclave ruso de Kaliningrado al oeste, que suman entre ambas unos 725 kilómetros.

Pero para la población lituana, la instalación de las minas es tanto o más preocupante que el supuesto peligro ruso. "Para la defensa puede ser bueno, pero para la gente no lo es porque las minas podrían quedarse allí", indicó una residente, quien expresó su preocupación por la imposibilidad de ir libremente al bosque ante la colocación de estos artefactos explosivos.

Se estima que Lituania, que planea gastar el 5,5% de su PIB en defensa, invirtió unos 930 millones de dólares para fabricar minas terrestres antitanque y antipersonal. El exministro de Defensa Laurynas Kasciunas explicó que estas municiones serán almacenadas cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia, y se colocarán en caso de crisis.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) subrayó estar "profundamente preocupado" por la decisión de estos cinco países miembros de la OTAN. "Reintroducir estas armas atroces sería un retroceso profundamente preocupante", declaró Cordula Droege, directora jurídica del CICR, asegurando que "las minas antipersona tienen una utilidad militar limitada, pero consecuencias humanitarias devastadoras".

En 2023, las minas terrestres provocaron la muerte de al menos 2.000 personas a escala mundial. El 84% de las víctimas eran civiles, y uno de cada cuatro era un niño. Estas armas aún afectan a países como Angola, Camboya, Afganistán y Bosnia y Herzegovina.