A un mes del desembarco de los primeros detenidos, el gobierno de Florida comenzó a ejecutar vuelos de deportación desde el precario centro de detención de inmigrantes instalado en los Everglades. El penal, improvisado sobre un viejo aeropuerto militar, fue apodada como el “Alcatraz de los caimanes” por las autoridades, y su impulsor, el fiscal general James Uthmeier, lo definió con brutal claridad: “Si alguien lograra escapar, no tendría adónde ir, ni dónde esconderse. Solo lo esperarían los caimanes y las pitones. Por eso me gusta llamarlo ‘Alcatraz de los caimanes’”, dijo.

El proyecto es parte del endurecimiento migratorio que acompaña al segundo mandato de Donald Trump y desde que fue presentado en junio, el lugar creció a contrarreloj. Se levantaron carpas, se instalaron radares, se reactivó la pista de 3.350 metros y se almacenaron más de 18.900 litros de combustible para vuelos de deportación. Según confirmó el gobernador Ron DeSantis, más de cien personas ya fueron expulsadas desde allí, mientras otras fueron derivadas a centros federales en otros estados, como Luisiana. ICE reconoció al menos tres vuelos desde el centro y prometió “un nuevo día” en materia de expulsiones. “Esto es lo que todos prometimos en campaña. Hagámoslo”, celebró DeSantis.

Un penal en tierra salvaje

“Alcatraz de los caimanes” se construyó en apenas ocho días sobre los restos del aeropuerto Dade-Collier, en un área remota del condado de Miami-Dade rodeada por más de 100 kilómetros cuadrados de humedales. El perímetro está cercado por más de 8.500 metros de alambrado y casi 300 cámaras de seguridad. Hay 400 guardias en funciones, además de 200 efectivos de la Guardia Nacional.

El penal opera sin autorización formal del condado. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, denunció que no hubo ninguna comunicación oficial sobre el uso de tierras públicas. “Nuestros residentes merecen rendición de cuentas por lo que ocurre en propiedad del condado”, reclamó en una carta dirigida a las autoridades estatales.

Celdas de alambre, filtraciones y duchas escasas

Los testimonios que trascendieron describen condiciones extremas: más de 30 personas encerradas tras rejas de malla metálica, escaso acceso a baños y duchas, cortes de aire acondicionado, filtraciones durante las lluvias y presencia constante de insectos. “Es una especie de tortura”, dijo uno de los detenidos. Otro comparó el encierro con “una jaula para perros”.

Los reclamos motivaron una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advirtió sobre “graves violaciones al debido proceso” y la falta de acceso a defensa legal. “La Constitución no permite encerrar personas sin posibilidad de comunicarse con su defensa ni de acudir a la Justicia”, afirmó Eunice Cho, abogada principal del caso.

Funcionarios estatales prometieron que las visitas legales comenzarían esta semana, tras resolver “problemas tecnológicos”. Sin embargo, la ACLU desmintió uno de los principales argumentos de ICE: “No es cierto que todas las personas detenidas tengan una orden final de deportación”, aseguró la vocera Keisha Mulfort.

USD 450 millones y contratos ocultos

El costo estimado del centro asciende a USD 450 millones anuales, una cifra que supera con creces el promedio por detenido en cárceles estatales o centros de ICE. Florida espera cubrir parte del gasto con aportes de la agencia federal FEMA.

En un primer momento, el Estado publicó los contratos con las empresas a cargo del penal. Luego los eliminó de su sitio oficial, dejando solo resúmenes. “Incluían información confidencial que no debió subirse”, justificó Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias.

Juicios exprés y auto-deportaciones

Florida solicitó al gobierno federal la autorización para que oficiales de la Guardia Nacional oficien como jueces migratorios dentro del penal, con el objetivo de acelerar las expulsiones. La Casa Blanca aún no aprobó esa medida. Mientras tanto, más de 1.800 agentes estatales y locales ya recibieron credenciales para tareas de control migratorio bajo el programa federal 287(g).

En paralelo, se lanzó un programa piloto para fomentar las auto-deportaciones. Según confirmó el funcionario Larry Keefe, “un par de docenas” de personas se sumaron voluntariamente. A diferencia del plan federal —que otorga pasaje y USD 1.000—, la versión estatal no contempla estímulos económicos.

Críticas por impacto ecológico y riesgos climáticos

Organizaciones ambientalistas alertaron sobre el impacto del centro en una zona frágil de los Everglades. Friends of the Everglades presentó una demanda federal y calificó el penal como “una catástrofe ecológica en desarrollo”.

Con la temporada alta de huracanes a punto de comenzar, también surgieron dudas sobre la seguridad estructural del penal. Guthrie afirmó que el sitio resiste vientos de hasta categoría 2, pero advirtió que una tormenta más severa obligaría a evacuar. “En Florida todo puede requerir evacuación”, dijo DeSantis.

El funcionario aseguró que el penal cuenta con atención médica permanente. Sin embargo, familiares de los detenidos denunciaron escasez de recursos, demoras en la atención y falta de medicamentos.

Un símbolo del giro migratorio

“Alcatraz de los caimanes” funciona como laboratorio de un modelo migratorio más agresivo y gestionado directamente por el Estado de Florida. La idea fue impulsada por el fiscal Uthmeier como forma de reducir la dependencia de cárceles federales, descomprimir el sistema carcelario local y acelerar las expulsiones desde una base propia.

En junio, Uthmeier había dicho que el penal podría operar en 60 días si obtenía las aprobaciones necesarias. Un mes después, los vuelos ya despegan.