La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al ejército de Camerún de asesinar a nueve civiles, incluida una niña de seis años, durante una operación en la localidad de Mautu, en una de las dos provincias de habla inglesa de ese país. “Los testigos dijeron que más de 50 soldados entraron en Mautu a pie alrededor de las 14 del 10 de enero y comenzaron a disparar indiscriminadamente mientras la gente huía”, dijo HRW.

Ese día se publicaron varios videos y fotos en las redes sociales, incluido uno que muestra a una mujer y un niño claramente muertos a tiros. Otro mostraba a varios hombres tirados en el suelo. HRW dijo que las imágenes "coincidían con las víctimas filmadas con las descripciones de las víctimas que se sabe que fueron asesinadas" y concluyó que "los videos fueron capturados pocas horas después del ataque".

La subdirectora de la organización en África, Ida Sawyer, declaró: "La muerte de civiles y el saqueo de sus viviendas en nombre de la seguridad son graves delitos y recrudecen los círculos de violencia y abuso en las zonas anglófonas de Camerún".

Por eso, pidió a las autoridades "hacer frente a las unidades" implicadas y abordar la situación con la ayuda de la Unión Africana y la ONU para "establecer una investigación creíble e imparcial" sobre la operación.

Por el momento, el portavoz del Ejército, que sí ha admitido que la operación se llevó a cabo, no ha aceptado que los civiles murieran a manos de soldados. Además,  rechazó también las denuncias sobre la muerte de los civiles y ha recalcado que la misma se saldó con la "neutralización" de "varios terroristas", sin hablar sobre víctimas civiles.

La matanza que realizó el Ejército camerunés

Uno de los supervivientes contó que los militares "rodearon la aldea de forma que incluso los que intentaron huir fueron tiroteados". "Mataron a nueve personas, entre ellas una madre y su hija pequeña, Kildia Akum", dijo.

Por otra parte, una mujer de 30 años contó a HRW que "vio cómo los soldados entraban en casa de un vecino, lo sacaban, le golpeaban y le disparaban en varias ocasiones". "Fue la experiencia más terrorífica de mi vida", lamentó.

"Mientras el Ejército camerunés trata de hacer frente a los milicianos separatistas e las regiones anglófonas, los soldados están abusando e incluso ejecutando civiles", advirtió Sawyer.

Para ella, las autoridades "tienen que enviar un claro mensaje de cero tolerancia hacia este tipo de crímenes" y "llevar a los responsables ante la Justicia para compensar así a las víctimas y sus familiares".

Las acusaciones contra el Ejército no son nuevas. De hecho, las fuerzas militares fueron acusadas en numerosas ocasiones de estar detrás de abusos contra la población civil y el propio Gobierno confirmó el papel de los militares en una matanza cometida en febrero de 2020 en la localidad de Ngarbuh y en la quema de parte de la localidad para intentar ocultar las pruebas.

El problema que rodea a Mautu

Mautu se encuentra en la región suroeste, que con la vecina región noroeste es el hogar de la minoría de habla inglesa de Camerún. En 2017, el resentimiento por años de discriminación percibida a manos de la mayoría francófona resultó en una declaración de independencia por parte de radicales anglófonos.

Su estado autoproclamado, Ambazonia, no ha sido reconocido internacionalmente, y el gobierno central de Yaundé ha respondido con una ofensiva . Los civiles a menudo se ven atrapados en los combates , sufriendo a manos de ambos lados, dicen los grupos de ayuda internacional y la ONU.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.

 

Hasta ahora, más de 3.000 personas han muerto y más de 700.000 han huido de sus hogares durante el conflicto.

El 17 de diciembre, se abrió un juicio en Yaundé de tres soldados acusados de matar a 13 civiles en la aldea de Ngarbuh, en la región noroeste, en febrero de 2020. El gobierno inicialmente descartó cualquier responsabilidad por la muerte de civiles.

Culpó de las muertes a un "desafortunado accidente" que ocurrió cuando un tanque de combustible explotó en un tiroteo entre soldados y "terroristas". La ONU dice que 23 civiles murieron en ese incidente, incluidos 15 niños y dos mujeres embarazadas.