El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso significativo al firmar una orden ejecutiva que busca penalizar la quema de la bandera estadounidense. Esta medida insta a los fiscales federales a presentar cargos penales contra quienes realicen este acto, especialmente durante manifestaciones o protestas. Trump ha dirigido este mandato a la fiscal general, Pam Bondi, subrayando que la bandera es un símbolo sagrado de la libertad y la identidad estadounidense. La orden ejecutiva refleja la postura de Trump de que profanar la bandera es un acto ofensivo y provocador que podría incitar a la violencia y disturbios.

La quema de la bandera, aunque no está tipificada como delito, podría ser perseguida bajo otros cargos como perturbación del orden público. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara este acto como una expresión política protegida por la Primera Enmienda, según un fallo de 1989. Trump ha expresado su desacuerdo con esta decisión judicial, calificándola de "muy triste". A pesar de las complejidades legales, las encuestas muestran que el 59% de los estadounidenses apoyan la postura de Trump, considerando inaceptable la quema de la bandera durante manifestaciones.

En una rueda de prensa desde el Despacho Oval, Trump ha defendido su orden ejecutiva, afirmando que "queman la bandera estadounidense por todo el mundo". Aunque la orden no especifica penas concretas, Trump ha sugerido que quienes quemen una bandera deberían enfrentar un año de cárcel. Este enfoque ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto a los símbolos nacionales. La medida de Trump busca reforzar la unidad y el respeto hacia un símbolo que, según él, representa la lucha y el sacrificio de miles de patriotas estadounidenses.