La Cámara de Diputados de Chile aprobó la reforma previsional impulsada por el gobierno de Gabriel Boric en acuerdo con la coalición opositora Chile Vamos. La iniciativa introduce un sistema mixto de pensiones que combina la capitalización individual con un pilar de reparto administrado por el Estado, sin eliminar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que seguirán operando bajo nuevas reglas.
El sistema de pensiones chileno, basado en las AFP desde 1981, ha sido objeto de críticas durante décadas debido a las bajas jubilaciones que otorga. La reforma aprobada busca mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados mediante cambios estructurales en la forma de administrar los fondos previsionales.

 

AFP: continuidad con nuevas condiciones

Si bien el proyecto original del Ejecutivo contemplaba la eliminación de las AFP, la reforma finalmente aprobada mantiene su existencia, aunque con modificaciones en su funcionamiento. Las administradoras seguirán gestionando los ahorros de los trabajadores a través de la capitalización individual, pero ahora bajo un sistema de competencia más estricta. Se implementará un esquema de carteras de referencia que establecerá incentivos y sanciones en función de la rentabilidad obtenida.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la reforma refuerza el rol de las AFP en la administración de inversiones, pero introduce mayores exigencias en cuanto a desempeño y costos. “Las AFP se van a concentrar en lo que saben hacer, que es la gestión de inversiones, pero bajo un esquema que premie la eficiencia y castigue los malos rendimientos”, señaló el funcionario.

 

Nuevo modelo de licitación

Otra novedad del sistema mixto es la implementación de un mecanismo de licitación de stock, el cual amplía el proceso de adjudicación de afiliados que hasta ahora solo aplicaba a nuevos cotizantes. Con la reforma, cada dos años se licitará un 10% de los afiliados ya existentes, quienes serán asignados a la administradora que ofrezca la comisión más baja. Solo podrán participar en este proceso las AFP que tengan menos del 25% de los afiliados del sistema, lo que busca fomentar la competencia entre actores más pequeños.
La reforma establece un nuevo aporte a las pensiones financiado por los empleadores. La cotización adicional será del 8,5%, con una distribución del 4,5% para la cuenta individual del trabajador y el 4% restante para el Seguro Social. De este último porcentaje, un 2,4% se destinará a cubrir invalidez y compensaciones para mujeres, mientras que el 1,5% servirá para financiar un beneficio por año cotizado, pensado como un complemento temporal para mejorar las pensiones.

 

Aumento progresivo de la PGU

La reforma también contempla un incremento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el subsidio estatal destinado a los jubilados con menores ingresos. El monto, que en febrero será de 214.296 pesos chilenos (217 dólares), subirá a 250.000 pesos (254 dólares) inicialmente para los mayores de 82 años, y se extenderá a todos los jubilados de 65 años o más en un plazo de 30 meses tras la promulgación de la ley.
El esquema actual de cinco multifondos (A, B, C, D y E), que permiten a los afiliados elegir su nivel de riesgo, será reemplazado por Fondos Generacionales. Este nuevo modelo asignará a cada trabajador un fondo según su edad, eliminando la posibilidad de traspasos entre ellos. De esta manera, la estrategia de inversión se ajustará de forma automática a medida que el cotizante se acerque a la edad de jubilación.

 

Próximos pasos

Antes de convertirse en ley, la reforma deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional, que analizará su adecuación con la Carta Magna. Algunos legisladores del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano han anunciado que presentarán objeciones, lo que podría retrasar su promulgación.
El gobierno espera que la normativa quede firme en marzo de 2025, permitiendo que sus beneficios comiencen a aplicarse en septiembre. Con esta reforma, Chile busca mejorar las jubilaciones sin eliminar la capitalización individual, avanzando hacia un modelo mixto que combina elementos de ahorro privado con un nuevo pilar de seguridad social.