El Congreso de los Diputados español debatirá la próxima semana el Proyecto de Ley para reducir el tope de la jornada laboral desde las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas, en una discusión que para el gobierno que encabeza Pedro Sánchez "no admite más aplazamientos".

El debate se centrará en las enmiendas al proyecto oficial que fueron presentadas por los legisladores de Junts, PP y Vox en el mes de junio y que según medios locales podrían dejar en el aire la iniciativa consensuada entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales CCOO y UGT, pero que no contó con la firma de las patronales CEOE y Cepyme, que se oponen a la propuesta.

La vicepresidenta y Ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, resaltó que se trata de un debate "que no admite más aplazamientos", ya que la idea oficial era que la primera votación se diera en julio pasado. Los plazos se extendieron para dar tiempo al gobierno a cerrar un acuerdo con los catalanes de Junts.

Los diputados catalanes son la clave de la negociación, tanto por su número como por su estrecha relación con el empresariado catalán. Además, ellos presentaron una propuesta propia de modificaciones a la futura norma.

En el mes de julio, desde el partido catalán le atribuyeron exclusivamente al Gobierno la decisión de posponer el debate. Mientras que desde la cartera laboral confiaron en realizar el debate "en cuestión de semanas" al retomar la actividad parlamentaria.

"El Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario" expresaron desde Trabajo. Si los catalanes insisten en votar su propia versión, el texto sería devuelto al Consejo de Ministros, de donde salió en el mes de mayo.

Si esto fuera así, el Gobierno podría modificar la iniciativa para incluir las modificaciones pedidas por Junts y que vuelva a la Cámara Baja para su aprobación definitiva, aunque está en duda que lleguen a tiempo en ese caso para comenzar su implementación desde el próximo 31 de diciembre, como se había prometido a las centrales sindicales.