El Gobierno británico inauguró oficialmente el proyecto piloto para hospedar inmigrantes ilegales en una cárcel flotante en la costa sur de Inglaterra. La nave se hace llamar Bibby Stockholm, y los primeros residentes llegaron este lunes.

La iniciativa forma parte de un plan que pretende hacer frente a las migraciones a través del Canal de la Mancha, endureciendo las condiciones de quienes llegan sin permiso de residencia. A pesar de las alertas en materia de seguridad y que las organizaciones de Derechos Humanos lo consideraron “inhumano”, el Ministerio de Interior avanzó con el proyecto.

El Ejecutivo conservador, liderado por el primer ministro Rishi Sunak, busca poner en práctica su lema célebre “Paren los Botes”. Esta mano dura ideológica consiste en frenar, con un endurecimiento de la política migratoria, los costos diarios de alojamiento de inmigrantes.

El Gobierno británico insiste en que se trata de una cuestión de ahorro, ya que el ministerio del Interior sostiene que se gastan 6,97 millones de euros en alojar a 51.000 inmigrantes en hoteles. Por su parte, los colectivos y asociaciones humanitarias que repudian la medida creen que se trata de una resolución racista y ya lanzaron consignas como “No al Barco” y “Rebélate contra el Racismo”.

A pesar de que la nave Bibby Stockholm tiene una capacidad para 222 personas, el Gobierno tiene intención de alojar a 500.000 inmigrantes, además de los trabajadores del sector del gas y del petróleo que abordarán en el barco.

Igualmente, por ahora la prueba piloto del proyecto consiste en trasladar a hombres de entre 18 y 65 años que estén en la última fase de su solicitud de estadía y el máximo que podrán permanecer son nueve meses. El desarrollo del proyecto va a depender de la futura instalación de catres y la reconversión de áreas comunales en dormitorios para que se alojen entre 6 y 8 personas.

En diálogo con la BBC, Sarah Dines, secretaria de Estado del ministerio de Interior, consideró que estas medidas son “básicas, pero adecuadas”.

El volumen de llegadas procedentes del Canal de la Mancha alcanza ya cifras récord en lo que va de año

La prisión flotante se encuentra en un enclave estratégico portuario. Además de una disyuntiva humanitaria, el proyecto también generó polémica por los peligros sanitarios que conlleva. El Sindicato de Brigadas de Bomberos, el mayor del gremio en Reino Unido según El País, advirtió sobre el posible riesgo que suponen las reducidas dimensiones de las salidas del barco y la propia aglomeración de personas.

Las autoridades sanitarias alertaron, asimismo, sobre el impacto de un potencial brote infeccioso que no solo podría afectar a los inmigrantes sino que también al propio personal.

El Gobierno gastó casi 1,2 millones de euros para que el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Dorset promueva asistencia médica a los internos, además de fondos adicionales para las fuerzas policiales.

Con el ministerio de Interior como uno de los principales patrocinadores, además las instituciones municipales recibirán 4.000 euros por cada espacio ocupado en la embarcación.