El gobierno de Estados Unidos habilitará a partir de hoy la posibilidad de que ciudadanos de su país que sufrieron expropiaciones en Cuba tras la Revolución puedan hacer juicio a empresas multilanacionales que operan en lo que antes eran sus terrenos o inmuebles, una medida aprobada por el presidente Donald Trump que busca desandar el acercamiento iniciado por su antecesor.

La decisión podría afectar a importantes empresas, como las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar, y a otras europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas, que operan -generalmente dentro de un régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- desde propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de la Revolución encabezada por el líder ya fallecido Fidel Castro.

Otras compañías susceptibles de sufrir demandas son aerolíneas, como Lufthansa y Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei y la japonesa Mitsubishi, según la agencia de noticias EFE.

Puede afectar a empresas como Huawei, Meliá, Lufthansa, Nestlé y Mitsubishi

La norma no es nueva, pero a lo largo de varios gobiernos estadounidenses se había mantenido desactivada para no entrar en conflicto con gobiernos aliados -en algunos momentos- y para no empeorar la relación con Cuba -en épocas más recientes. La habilitación para demandar judicialmente a empresas extranjeras por utilización de terrenos o inmuebles expropiados en Cuba está incluida en el Título III de la ley Helms-Burton de 1996.

Sin embargo, todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton, el mandatario en funciones cuando la norma fue aprobada en el Congreso, habían mantenido desactivado el Título III. Fue Trump quien decidió cambiar esta política de Estado.

Hace dos semanas, el asesor de Seguridad Nacional del mandatario, John Bolton, anunció que activaría los Títulos III y IV de la ley, lo que incluye además prohibir la entrada al país de los responsables de aquellas empresas extranjeras demandadas. "A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar", explicó el funcionario durante un almuerzo con miembros del exilio cubano en Miami.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

Cuando se aprobó la ley en 1996, había "hasta 200.000" reclamos de individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos décadas.El valor que reclaman esos estadounidenses "podría rondar los decenas de miles de millones de dólares, aunque eso dependerá de si deciden presentar casos legales o no", agregó Breier.