La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo firmado por 15 países de la región Asia-Pacífico, entró en vigencia el fin de semana con la expectativa de que incentive la recuperación económica.

"El comercio es un importante factor de crecimiento en Asia, y la entrada en vigor de la RCEP pondrá a Asia en la trayectoria de crecimiento anterior a la COVID-19", indicó el jefe regional de Comercio Global de HSBC en Asia Pacífico, Ajay Sharma, consultado por la agencia EFE.

El experto afirmó que el tratado aumentará el comercio entre los países asiáticos, que es actualmente más voluminoso que el que tiene con Norteamérica y Europa juntos.

"La RCEP facilitará a las empresas usar el Sudeste Asiático como una base de producción y podría acelerar la diversificación de las cadenas de suministro y la relocalización de las inversiones ya en marcha en Asia", agregó Sharma en un comunicado.

Rebajas

Uno de los puntos claves es que los países firmantes podrán beneficiarse de la baja de aranceles si pueden demostrar que al menos el 40% de las partes de sus productos tienen origen en la región de la RCEP.

El tratado rige desde el fin de semana en Australia, Brunéi, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam, mientras que el 1 de febrero lo hará en Corea del Sur y aún falta que lo ratifiquen Birmania (Myanmar) y Filipinas.

La RCEP, que empezó a negociarse en 2012, es un acuerdo económico que busca eliminar los aranceles y cuotas en el 65% de los productos, que se ampliará al 90% en 20 años, y otras barreras al libre comercio.

Los países firmantes representan un mercado de unos 2.200 millones de personas, cerca del 30% de la población mundial, en la región con mayor crecimiento económico del mundo.

Críticas

El tratado armoniza las normas sobre la propiedad intelectual y aborda la economía digital y el comercio electrónico, en auge tras el inicio de la pandemia, pero no contiene regulación sobre los derechos laborales y el impacto medioambiental.

Sindicatos y activistas de la región critican que el megatratado se haya negociado sin consultar a la sociedad civil, y denunciaron que una mayor liberalización de la economía se producirá en detrimento de los servicios públicos, el medio ambiente y los derechos laborales.

Otro temor de las organizaciones de campesinos es que la RCEP acelere la pérdida de tierras en la región, donde en la última década 9.6 millones de hectáreas han pasado de las comunidades rurales a multinacionales como la singapurense Wilmar, la surcoreana Daewoo o la china Beidahuang, según datos de la ONG Grain.