El Consejo de Ministros de España aprobó la suspensión de los desalojos y de cortes de servicios públicos hasta el próximo 9 de mayo, además de un plan de ayuda para los sectores de hotelería y comercio, muy afectados por la crisis derivada de la pandemia.

El decreto-ley suspende durante la vigencia del estado de alarma (hasta el 9 de mayo de 2021) los desalojos por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional y los cortes de luz, agua y gas, incluidos algunos casos de ocupantes ilegales de viviendas vacías.

En una rueda de prensa, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, destacó que la nueva norma es "extraordinaria para un momento excepcional de dificultad", "no legitima ninguna ocupación de vivienda", "refuerza las garantías judiciales" y compromete al resto de las administraciones públicas competentes en vivienda.

En el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados.

La compensación consistirá en el precio medio de alquiler del barrio en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el locador, por el período que medie entre la suspensión del desalojo y su levantamiento.

También se paralizarán durante tres meses los desalojos de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia de género.

En estos casos, los grandes tenedores, que son en su mayoría fondos de inversión, entidades financieras y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos, podrán solicitar igualmente una compensación si demuestran que la suspensión del lanzamiento les causa un perjuicio económico.

En todos los casos, los gobiernos de las comunidades autónomas tendrán tres meses, desde que queda acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecerles una alternativa habitacional que sea una "vivienda digna".

Si no lo hacen se compensará a los locadores desde el momento en que se acordara la suspensión.

El "Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes" supone una prolongación, en principio hasta el 9 de mayo, de la moratoria de los desalojos por impago de alquiler para los afectados por la crisis de la Covid-19 que expiraba el 31 de enero, y la extiende a los sectores que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia.

El Ejecutivo extendió asimismo la prohibición durante el estado de alarma de los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, es decir, todas las categorías que define la ley, incluidos los usuarios sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad pero pueden acreditarla por los servicios sociales.