El Gobierno español aprobó un Real Decreto-ley con medidas destinadas a reforzar el sistema eléctrico que incluye informes periódicos de seguimiento por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, inspecciones a los operadores obligados a controlar la tensión de la red y subsidios a los consumidores, sobre todo electrointensivos, para incrementar la demanda.

"Hemos trabajado en identificar las causas de ese 'cero eléctrico', pero nuestro objetivo también era identificar las medidas que fueran necesarias para que no vuelva a ocurrir", dijo en referencia al apagón total del 28 de abril que afectó a España y Portugal la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aagesen resaltó la importancia del paquete "en un contexto actual complejo y geopolíticamente muy complicado", con guerras como la de Ucrania o la de Gaza y el conflicto reabierto entre Irán e Israel.

 

Seguimiento

"En definitiva, más autonomía estratégica en un mundo complejo, incierto y volátil", puntualizó la funcionaria que recalcó que un sistema "más robusto y más solvente" se traducirá en otros beneficios como "facturas más estables, más previsibles para consumidores, para ciudadanos, para autónomos, para pymes y para la industria".

La norma aprobada insta a la CNMC a realizar un informe "de seguimiento" cada tres meses sobre "el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos y cada uno de los operadores que tienen obligación para ello". El primero de ellos debe estar listo en un plazo de seis meses.

A su vez, el regulador deberá llevar a cabo en 12 meses "un plan de inspección de todas y cada una de las capacidades de reposición del sistema". Este pondrá "una mayor atención" a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, y se repetirá cada tres años.

 

Previsiones

Igualmente el decreto encarga al operador del sistema, esto es, a Red Eléctrica, que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.

De igual modo, se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitoreo para análisis de incidentes. "En total, son actuaciones que tienen que presentar cada tres meses y que luego las distintas autoridades competentes deberán trazar y elaborar las disposiciones que sean necesarias en un plazo de seis meses", explicó la ministra.

Otra novedad es que los periodos de programación de la red eléctrica pasarán a ser trianuales, en lugar de los seis años actuales, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.

 

Responsabilidades

"Además, incorporamos algo tan importante como aclarar las responsabilidades de todos los actores que participan en la infraestructura compartida de evacuación, lo que se conoce como redes mancomunadas", ha recalcado Aagesen, argumentando que "se gana en transparencia", pero también en el conocimiento "del reparto de responsabilidades".

Igualmente, se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial.

Mientras, la tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, "para facilitar su ejecución, evitar costos derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones". 

"Nuestro compromiso con todos los ciudadanos era identificar las causas y poner las medidas, anticiparnos y protegernos de esta evolución de un sistema energético acelerado ahora y en el futuro. Y es lo que hoy hemos hecho con este real decreto ley", concluyó la ministra.