El Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que prevé multas de entre 60.000 y 500.000 euros a restaurantes, bares y supermercados que tiren comida, y que entraría en vigencia el año próximo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, resaltó que la norma se apoya en "la eficiencia económica" para luchar contra "la pérdida de recursos naturales", así como "la justicia social" a favor de los más vulnerables.

La intención oficial es contar con un marco legal tendiente a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concientización de todos los actores de la cadena alimentaria, aseguró el funcionario. 

Las infracciones muy graves (acumulación de dos faltas graves en dos años) podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa.

El texto del proyecto establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos. En el caso de la donación de los excedentes, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin fines de lucro o bancos de alimentos.

Según la Asociación Nacional de Alimentos (ANDAS), los bancos de alimentos pagan al año 3,5 millones de euros de IVA, al comprar alimentos para las personas más necesitadas, con aportes de donantes particulares y de otras instituciones, dinero que podrían utilizar en comprar más alimentos.

En el segundo orden de prioridades se contempla "una segunda vuelta de tuerca", para transformar los alimentos que mantengan condiciones óptimas de consumo en otros productos, como jugos o mermeladas.

Mientras que cuando ya no sean aptos para el consumo humano, se destinarán a la alimentación animal y fabricación de piensos; al uso como subproductos en otra industria y, cuando ya se consideren residuos, a la obtención de compost o biocombustibles.

El proyecto de ley establece su fecha de entrada en vigencia el 1 de enero del año 2025 "para dar tiempo a los operadores a poderse ajustar".

En cuanto a las empresas de hotelería, tendrán "una nueva obligación", que será facilitar al cliente que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin costo adicional, en envases reutilizables o fácilmente reciclables. En caso de no cumplir esta medida, se enfrentan a una sanción de 2.000 euros. 

Asimismo, el proyecto de ley establece una serie de medidas de buenas prácticas para evitar el desperdicio. Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados "feos, imperfectos o poco estéticos", o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.