El Gobierno de Giorgia Meloni decretó el estado de emergencia en Italia, luego de que en tres días se produjera el desembarco de más de 3.000 migrantes ilegales desde el Mediterráneo. La medida le otorga poderes extraordinarios a la primera ministra para agilizar las expulsiones de migrantes, en medio de una polémica con la Unión Europea (UE), a la que Roma acusa de no dar una respuesta a la crisis migratoria y dejar que la responsabilidad recaiga en los estados del sur: Italia, España, Grecia y Malta.

Una de las promesas electorales de Meloni fue precisamente el acabar con la inmigración ilegal. Si bien la medida excepcional se ha utilizado hasta 128 veces en los últimos 20 años, es la primera vez que se aplica en materia migratoria, ya que habitualmente se reserva a catástrofes naturales.

El estado de emergencia, que habilita al Gobierno de Meloni a tomar decisiones y aprobar medidas sin consultar al Parlamento, se implementará en todo el territorio nacional durante seis meses. La primera medida tomada por el Ejecutivo es la apertura de nuevos centros de repatriación para facilitar las expulsiones.

Meloni quiere dar la sensación de que está enfrentando el problema de la migración especialmente después de haber sido muy cuestionada por el dramático naufragio en Calabria, el pasado febrero, en el que murieron 91 refugiados.

Uno de los artífices de la política de puertos cerrados es el actual vicepresidente del gobierno, Matteo Salvini, contra quien en estos momentos el Tribunal de Palermo está celebrando un juicio por impedir durante cerca 20 días en agosto de 2019, cuando era ministro de Interior, el desembarco de decenas de inmigrantes rescatados por la ONG Open Arms.

Existe una profunda división de opiniones entre los estados miembros del bloque sobre cómo se debería enfocar el problema de la migración ilegal. Algunos países abogan por un control férreo de fronteras y otros son más proclives a que sean recibidos. Además, diversos factores ahondan en esa división, desde la guerra de Ucrania -que puso de manifiesto que la UE es capaz de movilizarse en tiempo récord para acoger a quienes huían de este país - al auge de gobiernos conservadores en países tradicionalmente abiertos a la inmigración, como es el caso de Italia pero también de los países nórdicos, como Dinamarca, que no quiere recibir a ningún solicitante de asilo.

Desde el inicio de 2023, las llegadas a Italia han ascendido a 31.000 migrantes, casi cuatro veces más que las cerca de 8.000 que lo hicieron en el mismo periodo de 2022, según el recuento oficial.