El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil presentó una demanda ante el Tribunal General Europeo de Luxemburgo contra el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, con el que la Unión Europea quiere gravar a las petroleras el próximo año.

Según ‘Financial Times’, la demanda fue presentada por las filiales alemana y holandesa de Exxon en el Tribunal General Europeo, y supone la respuesta más significativa hasta el momento de la industria petrolera contra la tasa solidaria con la que Bruselas espera recaudar unos 25.000 millones de euros.

Un portavoz de ExxonMobil explicó a la agencia Europa Press que la demanda de la petrolera está dirigida "únicamente al impuesto contraproducente sobre las ganancias extraordinarias, y no a ningún otro elemento del paquete para reducir los precios de la energía".

En este sentido, el representante de la multinacional aseguró que ese impuesto socavará la confianza de los inversores, desalentará la inversión y aumentará la dependencia de los productos energéticos y combustibles importados.

"Las industrias europeas ya se enfrentan a una crisis de competitividad muy real y los gobiernos deberían apoyar la producción de energía fiable y accesible", aseguró.

Por otro lado, recordó que ExxonMobil es uno de los mayores inversores en refinación en Europa durante la última década, con más de 3.000 millones de dólares (2.818 millones de euros) en importantes proyectos de refinerías que permitieron aumentar la capacidad de producción.

De cara al futuro, el vocero señaló que ExxonMobil está considerando próximas inversiones multimillonarias en el suministro y la transición energética de Europa, buscando argumentos comerciales sólidos, respaldados por un clima de inversión estable y predecible.

"Que invirtamos aquí depende principalmente de lo atractiva y competitiva que sea Europa a nivel mundial",advirtió, añadiendo que la compañía continuará trabajando con los líderes de la UE para abordar estos problemas.

La tasa temporal de solidaridad de al menos el 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles fue una de las medidas presentadas el pasado mes de septiembre, junto con la opción de establecer una reducción "obligatoria" del consumo de electricidad en las horas de máxima demanda o para fijar un límite temporal al precio al que las tecnologías como las renovables o la nuclear entre otras, pueden vender electricidad, de 180 euros/MWh.