La Cámara de Representantes de EEUU aprobó una ley para juzgar a menores de edad como adultos
Esta medida, impulsada por el presidente Donald Trump y la fiscal Jeanine Pirro, ha generado un intenso debate sobre las implicancias legales y sociales, especialmente en relación a las disparidades raciales y el desarrollo psicológico de los jóvenes.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde a una ley que permite que adolescentes de 14 años sean juzgados como adultos en Washington D.C.
Esta medida, que ha sido impulsada por el presidente Donald Trump y la fiscal federal Jeanine Pirro, busca endurecer las penas para los menores involucrados en "crímenes violentos".
Hasta ahora, solo los adolescentes de 16 años o más podían ser juzgados como adultos sin necesidad de una vista judicial. La nueva legislación ha generado un intenso debate sobre sus implicancias legales y sociales.
El representante demócrata Robert García ha criticado duramente la medida, calificándola de "irresponsable".
García ha señalado que la mayoría de los jóvenes detenidos en Washington son afroamericanos, y que esta ley podría agravar las disparidades raciales existentes. "
Si cometes un delito, debes rendir cuentas. Pero un joven de 14 años no es un adulto", ha afirmado García, subrayando que los cerebros de estos adolescentes aún están en desarrollo y que tratarlos como adultos es "vergonzoso".Además, la Cámara de Representantes ha aprobado la Ley de Reformas Penales de Washington, que limita la capacidad de los jueces para imponer penas más leves a jóvenes adultos.
Esta norma reduce de 24 a 18 años el límite de edad para beneficiarse de la Ley de Rehabilitación Juvenil.
El representante republicano Byron Donalds ha defendido la medida, mientras que la demócrata Eleanor Holmes Norton ha argumentado que los republicanos malinterpretan la ley.
Un análisis de 2022 concluyó que los jóvenes beneficiados por esta norma eran menos propensos a reincidir.
El demócrata García ha afirmado que la nueva ley no se centra en la seguridad, sino en quitarles poder a los jueces y a los habitantes del Distrito de Columbia.
Según García, la medida entrega el poder de decisión a políticos que no viven ni votan en el distrito, lo que podría tener consecuencias negativas para la comunidad local.