La policía brasileña acusa a Bolsonaro y a su hijo de coacción al Tribunal Supremo
La Policía Federal de Brasil ha presentado cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo por intentar obstaculizar una investigación sobre un golpe de Estado. Se les acusa de coacción al Supremo y de financiar una trama desde Estados Unidos. Además, se ha revelado que Bolsonaro consideró pedir asilo en Argentina. El Tribunal Supremo ha ordenado medidas contra aliados del exmandatario, intensificando la presión sobre su círculo cercano.
La Policía Federal de Brasil ha dado un paso significativo al acusar formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar obstaculizar una investigación crucial.
Esta investigación se centra en un presunto golpe de Estado, y las acusaciones incluyen un delito de coacción al Supremo.
Según el informe presentado al Tribunal Supremo, los Bolsonaro habrían financiado una trama desde Estados Unidos para entorpecer el proceso judicial, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito político brasileño.
El caso, que se abrió en mayo a petición del fiscal general Paulo Gonet, ha revelado detalles inquietantes sobre las acciones de Eduardo Bolsonaro en Washington. Se alega que promovió medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños. Además, el expresidente Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el 4 de agosto por incumplir medidas cautelares, relacionadas con la financiación de campañas en el extranjero. Este contexto se agrava con el interés mostrado por el expresidente estadounidense Donald Trump en la situación judicial de Bolsonaro.
En un giro inesperado, la Policía brasileña ha descubierto que Jair Bolsonaro consideró pedir asilo político a Javier Milei. Un documento hallado en su teléfono sugiere que se sentía víctima de una persecución política en Brasil. Este hallazgo ha llevado al magistrado Alexandre de Moraes a dar un plazo de 48 horas a la defensa de Bolsonaro para explicar lo que considera un "comprobado riesgo de fuga".
El Tribunal Supremo también ha ordenado la búsqueda de Silas Malafaia, un pastor evangélico y aliado de Bolsonaro, por su presunta participación en la trama criminal. Malafaia, conocido por su apoyo a las marchas pidiendo la amnistía de Bolsonaro, ha sido acusado de participar en la definición de estrategias de coerción y difusión de narrativas falsas. Su teléfono ha sido incautado y se le ha prohibido salir del país, intensificando la presión sobre el círculo cercano del expresidente.
