Los gobiernos de la Unión Europea aceptaron retrasar un año la entrada en vigencia del reglamento para combatir la deforestación, una norma tiene como objetivo declarado asegurar que las importaciones a la UE no contribuyan a la deforestación global pero que es objetada por países como Brasil, que ven en la reglamentación una barrera para-arancelaria que perjudica sus exportaciones.

El Consejo de la UE avaló sin necesidad de votación formal la propuesta hecha por la Comisión Europea, ya que ningún Estado miembro expresó su oposición. El próximo paso será la votación en el Parlamento Europeo, donde se espera un debate intenso sobre la iniciativa.

Entre 1990 y 2020, se estima que se perdieron más de 420 millones de hectáreas de bosque, un área mayor que el tamaño de la propia Unión Europea. Este reglamento impone condiciones estrictas a la importación de productos clave como aceite de palma, soja, cacao, madera, café, caucho y sus derivados.

El retraso en la aplicación del reglamento fue impulsado por varios sectores. Desde el Partido Popular Europeo (PPE) hasta socios comerciales como Australia y Brasil, han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de la normativa. Además, industrias afectadas, como la de la distribución, han presionado para extender los plazos, argumentando la necesidad de más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias.

Originalmente, la normativa debía aplicarse plenamente a partir de diciembre de 2024, pero con este aplazamiento, las grandes empresas tendrán hasta diciembre de 2025 para cumplir con las regulaciones, mientras que las pymes contarán con un plazo hasta junio de 2026.

La Comisión Europea justificó la medida aludiendo a la necesidad de que terceros países, operadores y comerciantes tengan tiempo suficiente para prepararse y garantizar que sus productos cumplan con los estándares de la UE. "Este aplazamiento permitirá que todos los actores involucrados se ajusten plenamente a las obligaciones legales", señaló el Consejo de la UE en un comunicado oficial.

El aplazamiento de la normativa genera divisiones políticas en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo y la extrema derecha apoyan la propuesta de la Comisión, mientras que los socialistas y los verdes se oponen firmemente, argumentando que este retraso compromete los esfuerzos de la UE en la lucha contra el cambio climático y la protección ambiental.

Por su parte, los liberales europeos mantienen una postura dividida, lo que agrega incertidumbre sobre el resultado de la votación. No obstante, se espera que la propuesta finalmente sea aprobada con el respaldo mayoritario del PPE.

Con este escenario, la UE enfrenta críticas de organizaciones sociales y ambientalistas que ven el aplazamiento como un retroceso en los esfuerzos por frenar la deforestación global y cumplir con los objetivos climáticos.