Los incendios que arrasaron más de 380.000 hectáreas en España en lo que va del año provocaron pérdidas superiores a los 600 millones de euros en el campo, según estimaciones de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) española. Por su parte, se espera que el gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez declare la semana próxima zona catastrófica en las provincias más afectadas, lo que habilitará un paquete de indemnizaciones y créditos blandos que marcarán un nuevo récord en compensaciones por desastres naturales.

Según informa el medio español elEconomista.es, el impacto sobre la producción agropecuaria es devastador. Agroseguro certificó la destrucción de 19.100 hectáreas de cultivos, a lo que se suman daños en pastizales, explotaciones apícolas y asentamientos ganaderos. "La situación es catastrófica", advirtió el responsable de Medio Ambiente de COAG, Javier Fatás, quien reclamó un apoyo urgente de las administraciones y la participación del sector en las negociaciones del pacto de Estado contra la emergencia climática.

El Ejecutivo todavía no precisó la magnitud de los recursos, pero fuentes del sector asegurador anticiparon que las compensaciones para particulares superarán los 18.000 euros en los casos más graves, mientras que las empresas recibirán alrededor de 9.200 euros. El esquema contempla montos adicionales según el tipo de daño: hasta 15.120 euros por destrucción total de una vivienda, 10.320 para rehabilitaciones estructurales, 5.160 para afectaciones no estructurales y 2.580 para enseres domésticos. Las comunidades de propietarios podrán reclamar 9.224 euros por daños en elementos comunes.

A estas cifras se sumarán beneficios fiscales –exenciones de IBI, IAE e IRPF–, asistencia a las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas, además de transferencias a municipios para reparar infraestructuras. El Gobierno analiza también activar líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), similares a las que se utilizaron en la pandemia y en la Dana de 2024, que obligó a desembolsar más de 3.300 millones de euros, con indemnizaciones promedio de 72.000 por damnificado, una cifra sin antecedentes en el país.