El Tribunal Supremo de España condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso de secesión catalán de 2017, tras considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, lo que desató protestas en toda Cataluña.

El ex vicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado -ante la ausencia del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica-, es quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que representa al gobierno central.

Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena en prisión, recibieron penas de entre 9 y 12 años, mientras tres políticos fueron encontrados culpables solo de un delito de desobediencia, por el que recibieron penas de 10 meses de multa, y 1 año y 8 meses de inhabilitación, con lo que eluden la cárcel.

En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía -que pedía 25 años de cárcel-, y un golpe para los argumentos de la derecha y los ultraderechista de Vox, que como acusación popular exigían 75 años de pena contra los secesionistas por haber perpetrado un “golpe de Estado”.

A pesar de que este triunfo sobre la tesis más duras, los líderes secesionistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a protestar.