El expresidente catalán Carles Puigdemont reclamó una ley de amnistía para todos los encausados por el referéndum ilegal y el fallido intento de secesión de 2017 en esa comunidad autónoma, entre otras condiciones para empezar a negociar el apoyo del independentismo a la investidura del presidente del Gobierno español.

El exmandatario aseguró que las citadas condiciones "no existen y se deben crear" y complican todavía más la formación de Gobierno, porque son prácticamente inaceptables para los dos grandes partidos españoles en condiciones de intentarlo.

Con siete diputados en los comicios del pasado 23 de julio, el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, se ha vuelto clave para desbloquear la paridad actual y evitar así nuevas elecciones. El exmandatario, autoexiliado en Bélgica desde 2017 para eludir a la justicia española, pidió también el reconocimiento y respeto a la "legitimidad democrática del independentismo" y la creación de un mecanismo de verificación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.

Ni el ganador de las elecciones, el derechista Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo, ni el segundo, el partido socialista PSOE del actual mandatario Pedro Sánchez, tienen por ahora los apoyos necesarios para formar gobierno.

Por encargo del rey Felipe VI, Feijóo será el primero en intentarlo a finales de septiembre, pero todo el mundo da por hecho su fracaso y que después lo intentará Sánchez, que aparentemente lo tiene un poco más fácil. Si nadie lo logra, se convocarán nuevas elecciones.

Poco después de la conferencia de prensa de Puigdemont, Feijóo, que está en negociaciones con casi todos los partidos en busca de los 4 votos que la faltan para poder formar gobierno, dio prácticamente por cerrada la posibilidad de acordar con Junts per Catalunya.

Por su parte, la portavoz del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, dijo que a su partido "le separa un mundo" de las posiciones de Puigdemont, aunque no cerró las puertas a la negociación de un eventual intento de investidura del actual mandatario, "dentro del marco constitucional".