Los recursos de agua dulce disponibles por persona en América Latina disminuyeron un 22% en los últimos veinte años, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con el organismo, el agua potable disminuyó a nivel mundial en más de un 20% en las últimas dos décadas debido al crecimiento de la población y el desarrollo económico, exacerbados por el cambio climático, y de no tomar medidas la tendencia continuará.

Más de tres mil millones de personas viven actualmente en áreas agrícolas con una gran escasez de agua y casi la mitad de ellos, 1200 millones, se enfrentan a graves limitaciones al respecto.

Mientras en América Latina el agua por persona ha disminuido un 22%, en el sur de Asia lo hizo un 27% y en África Subsahariana hasta un 41 por ciento. En esta última región alrededor de 50 millones de personas viven en áreas donde la sequía severa tiene impactos catastróficos en las tierras de cultivo y pastizales una vez cada tres años, dice la FAO.

Aproximadamente el 11% de las tierras de cultivo de secano del mundo (aquellas que dependen exclusivamente del agua de la lluvia y no tienen sistemas de riego), equivalentes a 128 millones de hectáreas, enfrentan sequías frecuentes, al igual que el 14% de las tierras de pastoreo.

Mientras tanto, más del 60%, o 171 millones de hectáreas, de las tierras de cultivo de regadío sufren una gran escasez de agua. Once países, todos en el norte de África y Asia, enfrentan ambos desafíos, por lo que es urgente y necesario adoptar una contabilidad de agua sólida, una asignación clara, tecnologías modernas y cambiar a cultivos que necesiten menos agua, asegura el informe

En total, el 20% de los terrenos agrícolas, unos 300 millones de hectáreas sufren de falta de agua suficiente.

"Con este informe, la FAO está enviando un mensaje contundente: la escasez de agua en general y en la agricultura deben abordarse de manera inmediata y audaz", recalcó su director general, QU Dongyu, en el prólogo del documento.

El informe aboga por una gestión mejorada del agua, respaldada por una gobernanza eficaz e instituciones sólidas que garanticen los derechos de todos al preciado líquido.