El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó ayer el juicio sobre tres acciones que abordan la legalidad de la prisión tras la condena en segunda instancia, lo cual podría beneficiar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El hecho generó presiones del gobierno de Jair Bolsonaro, y podría marcar una embarazosa derrota para la llamada "operación Lava Jato".

Se espera ahora que el tema, colocado en agenda por el presidente de la corte, Antonio Dias Toffoli, dure por lo menos tres sesiones en la audiencia superior.

El Supremo analizará tres Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs), las cuales exigen que los jueces revisen la posición adoptada por ellos en 2016, cuando la mayoría de los ministros decidió que el magistrado podría solicitar la prisión efectiva de los acusados, cuya condena fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, el párrafo 57 del artículo cinco de la Constitución establece que "nadie será considerado culpable hasta que se dicte una sentencia firme e inapelable".

Fuentes judiciales aseguraron que serán juzgadas acciones presentadas por la Orden de los Abogados de Brasil y por los partidos Comunista de Brasil y Patriota.

Los documentos cuestionan las decisiones del STF que permitieron el inicio de cumplimiento de pena de prisión después de la condena del acusado sea confirmada por un tribunal de segunda instancia.

El caso involucra directamente a Lula. El aplazamiento de abril, por ejemplo, fue recibido como una señal de que Toffoli se había retirado ante las repercusiones políticas que recuperó fuerza en los tribunales tras las revelaciones de la Vaza Jato (filtraciones que ponen en duda la imparcialidad de la Lava Jato y del exjuez Sérgio Moro).

Si se aceptan los argumentos de los ADCs, el ex mandatario seguiría estando procesado, pero, en teoría, debería esperar en libertad el resultado de los casos en los que se le acusa.

Además de este juicio, al menos otros dos tienen que ver con su situación. La primera está ligada con la decisión sobre la nulidad de los casos en que denunciados y delatores se manifiesten en el mismo momento del proceso. La mayoría de los ministros entendió que por este acto se viola el derecho de defensa de los acusados.

Dependiendo de cómo se aplique esta posición en la práctica, la condena de 12 años y 11 meses contra Lula puede ser anulada.