Los habitantes de varias zonas de Uruguay deberán dejar de lavar los autos con manguera,  no regar los jardines y tomar duchas más cortas, debido a la grave y prolongada sequía que atraviesa ese país, y que derivó en una histórica escasez de agua potable.

Las restricciones en el uso se suman a dudas sobre la calidad del agua que consumen los uruguayos, y han causado una verdadera crisis política en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Un 'spot' que el Ministerio del Medio Ambiente comenzó a difundir el fin de semana explicó que Uruguay está sufriendo una sequía que afecta las reservas de agua para el consumo de la población, por lo que es necesario cuidar el recurso para que no se agote.

Por eso, el gobierno pidió a los ciudadanos que no se deje correr innecesariamente el agua al momento del aseo personal o en la limpieza de la cocina y baño, además de reducir el tiempo para ducharse o bañarse. 

También conminó a usar lo menos posible la cisterna y encender el lavarropas y el lavavajillas solo con cargas completas y programas de ahorro de liquido, así como usar recipientes para lavar frutas y verduras, o baldes en el caso de los vehículos.

No regar jardines, reparar instalaciones defectuosas que generan pérdidas en el hogar y denunciar fugas en las calles; controlar desagües, tanques de agua y fosas sépticas y cerrar llaves de paso si se ausentan durante varios días de sus casas, son otras de las recomendaciones oficiales.

"Los uruguayos ya demostramos que somos capaces de superar emergencias, si reducimos las reservas de agua, podemos sostener las reservas por más tiempo", señaló el spot gubernamental.

Además de la escasez, la controversia de las últimas semanas se debe a la calidad del líquido, ya que la empresa Obras Sanitarias del Estado aumentó la salinidad en algunos cauces vinculados con el Río de la Plata con el fin de poder usar y distribuir esa agua, pues los embalses que se usan normalmente están agotados por una sequía que ya ha durado tres años y son insuficientes para garantizar el abastecimiento.

El problema es que, de acuerdo con la regulación oficial, los valores máximos permitidos de salinidad son de 200 miligramos por litros, pero ahora es de 400, y los usuarios de inmediato notaron el cambio de sabor.

La desconfianza estalló de inmediato y se reflejó en denuncias por exceso de salinidad y en un inusitado aumento en la compra de agua embotellada.

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl Montero, agravaron la situación con unas confusas declaraciones sobre la calidad del agua.

"Si vamos a puntos técnicos, el agua no es potable en la definición perfecta de potabilidad, pero si bebible. Lo que nosotros decimos es que el agua es consumible", dijo Bouvier, lo que generó más confusión y bronca entre los usuarios.