La filial brasileña de la multinacional automovilística Volkswagen se enfrenta a una multa de 165 millones de reales brasileños, equivalentes a 26 millones de euros, por acusaciones de explotación laboral en régimen de esclavitud.

Estos hechos ocurrieron en una planta de producción agrícola en Brasil durante la dictadura militar del país, entre 1964 y 1985.

El juez Otavio Bruno da Silva Ferreira ha declarado que las pruebas demuestran que Volkswagen do Brasil no solo invirtió en la 'Companhia Vale do Rio Cristalino', sino que también participó activamente en su gestión estratégica, beneficiándose directamente de la explotación laboral ilícita.

Los hechos se desarrollaron en una finca agrícola situada en el estado brasileño de Pará, conocida como 'Hacienda Vale do Rio Cristalino' o 'Hacienda Volkswagen'.

Durante las décadas de los 70 y los 80, los trabajadores sufrieron un sistema de servidumbre y esclavitud con condiciones de trabajo vejatorias y humillantes. Informes oficiales, testimonios de trabajadores y documentos gubernamentales demuestran que el modelo de producción adoptado incluía servidumbre por deudas, violencia y condiciones degradantes, constituyendo la base del trabajo esclavo contemporáneo.

La compañía se benefició de recursos públicos y fiscales, al amparo de la dictadura militar, para convertir este centro de producción en uno de sus mayores negocios del sector agropecuario.

Esta es la razón por la que el tribunal ha impuesto la multa millonaria a Volkswagen do Brasil. Además, el magistrado ha señalado que, de 1974 a 1986, la empresa se benefició de sustanciales incentivos fiscales estatales, recursos que deberían haber servido de contrapartida al desarrollo social y económico, pero que, en cambio, se desviaron a una lógica de maximización ilícita, con la explotación del trabajo esclavo.

Además de este pago, la multinacional alemana deberá reconocer públicamente los hechos y pedir disculpas a "los trabajadores afectados y a toda la sociedad brasileña".

Por su parte, Volkswagen do Brasil ha anunciado que recurrirá la sentencia, asegurando que mantiene un legado de 72 años defendiendo "constantemente los principios de la dignidad humana" y cumpliendo "estrictamente con todas las leyes y regulaciones laborales aplicables". La empresa ha declarado que continuará su defensa en busca de justicia y seguridad jurídica en tribunales superiores.