La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la AFIP en una causa promovida por la cerealera Vicentin, relativa a la determinación del Impuesto a las Ganancias en exportaciones de productos agrícolas a empresas independientes residentes y no residentes en países de baja o nula tributación.

Por unanimidad, el máximo tribunal consideró que la interpretación del fisco no se ajustaba a la ley. En el 2007, la AFIP determinó el Impuesto a las Ganancias de Vicentin entre 2001 y 2002.

El monto de la diferencia para el ejercicio 2001 fue de $476.334,03 en concepto de impuestos, de $731.887.23 por intereses y de $952.668,06 por multa; mientras para el ejercicio 2002 fue de $14.898.848,43. El Tribunal Fiscal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejaron sin efecto la determinación y la AFIP interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

La cuestión a resolver era si la empresa contribuyente debía ajustar los precios de las exportaciones de commodities a empresas independientes residentes o no en países de baja o nula tributación al índice FOB oficial que fijaba la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca en el día de la operación respectiva, en el marco del régimen de productos agrícolas previsto en la ley 21.453.

En ese contexto, se resolvió que no podían considerarse los índices de valores fijados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para los productos agrícolas como el "precio mayorista vigente en el lugar de origen" requerido por el artículo 8°, inciso a, de la ley.

La finalidad normativa al fijar el índice oficial no fue la de determinar la ganancia neta de fuente argentina derivada de exportaciones regulada por el citado artículo 8° sino "permitir que las ventas al exterior de productos de origen agrícola registradas quedasen sujetas a un régimen".